Graves irregularidades en INDUMIL: hallan bombas, granadas y armas sin control

La Unidad Investigativa de Caracol Radio revela documentos oficiales que fueron enviados a la Fiscalía, desde la Presidencia de la República, en los que la Secretaría de Transparencia advierte graves irregularidades en el manejo de material bélico dentro de INDUMIL.

Los hallazgos documentados abarcan más de 12.000 elementos, entre armamento menor obsoleto, granadas, cuerpos de granada y hasta bombas de aviación, denunciando la posible pérdida, desvío, manipulación irregular o simulación en la destrucción de este material armamentístico, que podría ser usado con fines ilícitos.

La compulsa de copias que envía el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga a la Fiscalía, da cuenta de hallazgos principalmente en la Fábrica Santa Bárbara de Indumil, ubicada en Sogamoso, Boyacá.

Las irregularidades, según la Secretaría de Transparencia, han sido clasificadas por su gravedad, el riesgo no es solo administrativo, sino potencialmente penal y de seguridad nacional.

Los informes relacionan al menos 10 bombas de aviación de entre 250 y 500 libras, algunas con carga activa, encontradas en polvorines y contenedores fuera del sistema de inventario oficial.

Armas menores u obsoletas, que fueron registradas para fundición, pero se encontraron en una de las bodegas, al menos 4.189 cargadores de esas armas, intactos. Además de 502 granadas de 40 milímetros que fueron sacadas de inventario sin autorización. 46 granadas de mortero de 60 milímetros dadas de baja desde 2022, pero que siguen almacenadas y 7.256 cuerpos de granadas de 40 milímetros sin trazabilidad ni registro contable, con hasta 15 años de almacenamiento.

Bombas de aviación de 250-500 libras, algunas con carga activa

El hallazgo más grave consiste en 10 bombas de aviación, de entre 250 y 500 libras, algunas descritas en los informes como “con carga activa”.

Fueron encontradas en polvorines y contenedores fuera del inventario oficial, sin registro en el sistema SAP ni acto administrativo que respalde su custodia.

Estas bombas, algunas identificadas como MK-81 y BDU de entrenamiento, deberían estar bajo estricto control y manejo especializado de artefactos explosivos. Su permanencia sin registro implica un riesgo real para la seguridad pública y la defensa nacional.

La Secretaría advierte que la presencia de munición aérea con carga activa fuera del inventario no solo vulnera protocolos militares, sino que representa un riesgo real de seguridad pública y defensa nacional.

Armas menores u obsoletas que reportaron fundidas pero se encontraron almacenadas

El segundo hallazgo más crítico es la detección de 4.189 cargadores de fusil M16, que fueron reportados como fundidos en 2023 en un lote de armas menores u obsoletas, pero encontrados intactos durante la inspección de mayo de 2025.

En los documentos a los que tuvo acceso la Unidad Investigativa de Caracol Radio se advierten contradicciones graves entre lo que Indumil certificó como destruido y lo que realmente existe en sus instalaciones.

De acuerdo con el acta Synergy 02.829.093 del 19 de diciembre de 2023, funcionarios de la Fábrica Santa Bárbara de Sogamoso dejaron constancia escrita de que se había cumplido la fundición y destrucción de armamento menor obsoleto, equipos optrónicos y sus accesorios.

El documento fue firmado por siete responsables de área, entre ellos, el coronel en retiro, Rubén Alonso Mogollón Araque, gerente de la planta Santa Bárbara en ese momento; el mayor en retiro, Bernardo Siachoque Celys, director de seguridad física; así como 5 ingenieros, jefes, directores de fundición, servicio, control de calidad y de producción.

Una comisión con participación de la Policía Judicial visitó la misma planta. Allí encontraron que el material reportado como destruido, en especial, más de 4.000 cargadores de fusil M16, no había sido fundido. Estaban en cajas, en buen estado, sin señales de alteración ni inutilización.

Es decir, el acta que certificaba la fundición no corresponde con la realidad física verificada en la inspección.

Granadas y dispositivos sin control de inventario

Los documentos enviados por el secretario, Andrés Idárraga a la Fiscalía advierten la salida irregular de granadas y otros explosivos dados de baja, que fueron hallados, pero que no se encontraban en el sistema SAP de inventarios, según los documentos conocidos por Caracol Radio.

Los inspectores de la Secretaría de Transparencia reportaron 502 granadas de 40 mm que salieron sin actas; 46 granadas de mortero de 60 mm que siguen almacenadas pese a que fueron dadas de baja desde el 2022.

Además, hay 7.256 cuerpos de granadas sin control documental. Estos elementos, aunque algunos inertes, siguen siendo material de uso privativo militar y su falta de trazabilidad podría facilitar su ensamblaje o comercialización ilegal.

Dice el informe de la Presidencia que el sistema SAP, que es el software de control y trazabilidad del material bélico, presenta graves inconsistencias, hay lotes sin registro, otros duplicados y movimientos que no aparecen registrados.

Estas fallas en el sistema SAP dificultan la trazabilidad del material y son la base de varias de las irregularidades detectadas, al impedir comprobar qué se destruyó y qué continúa almacenado. Esto quedó bajo observación y fue incorporado al expediente remitido a la Fiscalía.

¿Qué delitos se habrían dado en Indumil?

Desde la Presidencia están pidiendo a la Fiscalía investigar las irregularidades que van desde fallas en inventarios digitales hasta la presencia de explosivos fuera de control, con posibles riesgos para la seguridad del país.

Eso tiene implicaciones desde la pérdida de control sobre armamento hasta la posible reutilización o desvío de las armas o las piezas.

Lo anterior, según la Presidencia pude constituir, falsedad ideológica en documento público, porque se certificó como destruido algo que no lo estaba.

Peculado por apropiación o por aplicación oficial diferente, al no garantizar el destino final del material.

Prevaricato por omisión, por no cumplir el deber de control, al igual que violación de normas sobre fabricación y porte de armas, según los artículos 365 y 366 del Código Penal.