Cartagena

El Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia, la asociación de laboralistas más importante del país, realiza en Cartagena el 43° Congreso Nacional de Derecho Laboral y Seguridad Social, el encuentro académico y profesional más relevante en Relaciones Laborales, Seguridad Social y Recursos Humanos.

Durante el 5, 6 y 7 de noviembre, más de 500 asistentes entre magistrados de altas cortes, expertos nacionales e internacionales, líderes gremiales y sindicales, representantes de organismos multilaterales, debatirán la hoja de ruta laboral y social que marcará el 2026 en Colombia.

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Alrededor de la conversación que se dará durante estos tres días, Saida Quintero, gobernadora del colegio de abogados del trabajo de Colombia, advierte que el derecho laboral entra en una reconfiguración estructural empujada por tres fuerzas:

- La transformación tecnológica (IA, automatización y plataformas), que ya ubica a más de 13 millones de personas (casi 60% de los ocupados) por fuera del esquema clásico

- La urgencia de cerrar brechas de empleo, con foco en jóvenes, territorios y sectores históricamente informales como el rural.

- La judicialización y la expansión del control estatal, que elevan la garantía de derechos pero tensionan la seguridad jurídica, demandando equilibrio entre inspección y un entorno predecible para la inversión y la formalización.

En paralelo, Juan Fernando Escandón, vicegobernador del Colegio, recalca los desafíos que tiene el derecho laboral en el país. Pare el experto se centran en:

1. Adaptar la normativa a nuevos modelos y a la IA, mediante marcos flexibles que reconozcan figuras como trabajador digital o colaborador autónomo dependiente, con seguridad social contributiva y proporcional.
2. Sostener financieramente la seguridad social frente a informalidad y el envejecimiento, con cotización por tiempo y capacidad contributiva, integración de regímenes y educación previsional temprana.
3. Reforzar el diálogo social y la productividad, institucionalizando espacios tripartitos, promoviendo negociación por productividad e incentivos a la corresponsabilidad en la adopción tecnológica.

En materia de cambios jurisprudenciales, Escandón destaca dos referencias para la gestión del talento: la Sentencia SU-111 de 2025, que robustece la estabilidad laboral reforzada y exige máxima diligencia en terminaciones, incluso por mutuo acuerdo, cuando existan protecciones especiales; y la Sentencia C-288 de 2024, que mantiene la posibilidad de pactos colectivos con no sindicalizados siempre que no se usen para desincentivar la libertad sindical, anticipando mayor fiscalización del Ministerio del Trabajo y la necesidad de auditar los modelos de relaciones laborales.

Qué viene para 2026

La gobernadora del colegio de abogados del trabajo de Colombia identifica tres cuellos de botella para el próximo año: la obsolescencia normativa frente a un mundo laboral cambiante y una informalidad superior al 50%; la congestión judicial que requiere modernización tecnológica y de gestión, apoyada en el nuevo Código Procesal del Trabajo (Ley 2452 de 2025); y la crisis del sistema colectivo por sindicalización baja (~4%) y alta atomización (más de 6.000 organizaciones), que debilita la representación y desincentiva soluciones de fondo.

En economías de plataformas y trabajo por cuenta propia, Quintero propone un viraje hacia protección social universal, flexible y sostenible con medidas concretas: cotización por horas/tiempo parcial o por ingreso real; incentivos progresivos para la formalización en micro y pequeñas empresas; y un Registro Único del Trabajador Independiente que centralice información, simplifique aportes y articule beneficios tributarios, junto con una inspección que combine control y acompañamiento técnico.

Juan Fernando Escandón agrega que este rediseño debe convivir con figuras contractuales modernas y un diálogo tripartito efectivo orientado a productividad y adopción tecnológica responsable.

Señales que deben atender empresas, sindicatos y Gobierno en 2026

1) Cumplimiento digital y trazable. La inspección se apoya en cruces de información con DIAN, UGPP y Supersalud. El riesgo ya no es solo incumplir, sino la incapacidad de demostrar en tiempo real pagos, jornadas, descansos, EPP, afiliaciones, capacitaciones y terminaciones. La prioridad es migrar del papel a sistemas digitales auditables, con gobernanza de datos y políticas alineadas a la inspección inteligente.

2) Riesgos en modalidades flexibles y datos laborales. Teletrabajo, esquemas híbridos, desconexión (Ley 2191 de 2022), uso de IA y herramientas de monitoreo exigen protocolos y políticas de privacidad robustas. Se recomiendan matrices de riesgo que integren frentes laborales, SST y protección de datos, con formación y trazabilidad.

3) Preparación para la negociación por industria. El país está ad portas de implementar la negociación sectorial: los sindicatos llegarán con ventaja por su experiencia en el sector público. Los gremios deben fortalecer representación, posiciones técnicas y vocerías, crear instancias de prevención de conflictos (pactos de productividad, acuerdos marco) y asegurar que lo pactado se aterrice correctamente en cada empresa, cuidando a las MiPymes (95% del tejido empresarial).