Organizaciones del Catatumbo piden verdad tras beneficios de la JEP a exmilitares
Ascamcat respalda la justicia transicional, pero exige verdad plena y reparación real a las víctimas.
Norte de Santander.
La decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de otorgar beneficios a 133 exmilitares involucrados en casos de falsos positivos ocurridos en Norte de Santander ha generado reacciones en la región del Catatumbo, una de las zonas más golpeadas por estas ejecuciones extrajudiciales y donde aún se exige justicia.
Holmer Pérez, presidente de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), señaló en diálogo con Caracol Radio que esta decisión solo tendrá sentido si realmente aporta verdad y reparación a las familias víctimas.
“Nosotros hemos apoyado y defendido la implementación del Acuerdo de Paz en su integralidad. La justicia restaurativa es parte del acuerdo final de 2016 y el compromiso de quienes se acogen a esta justicia transicional es decirle la verdad al país y a las familias”, afirmó.
Pérez subrayó que el beneficio otorgado a los exmilitares debe traducirse en un ejercicio transparente de verdad plena.
“Esperamos que estos más de 130 militares cuenten cómo se ordenaban esas prácticas en el Catatumbo, porque no se trató solo de unas manzanas podridas, sino de una política de Estado de ejecuciones extrajudiciales”, enfatizó.
El líder campesino indicó que el papel de la JEP será clave para garantizar que el proceso no deje un sabor de impunidad.
“Los jueces de la Jurisdicción deben tener en cuenta la satisfacción de las familias. Esto es verdad a cambio de beneficio, y quienes reciben ese beneficio deben comprometerse de verdad con la verdad. No se trata solo de obtener un trato más favorable, sino de aportar algo real al esclarecimiento de lo ocurrido”, sostuvo.
Pérez también recordó que el daño causado por los falsos positivos no solo afectó a las víctimas directas, sino a toda una región que cargó con el estigma y el miedo.
“Siempre hemos dicho que hay una víctima directa, que es la familia, pero también hay un territorio que fue víctima de esta macabra política. Por eso las sanciones restaurativas deben enfocarse en reparar ese daño colectivo”, añadió.
De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Paz, los exmilitares beneficiados deberán cumplir con los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR), que tienen como objetivo resarcir el daño causado a las comunidades.
“Esos TOAR deben dirigirse a satisfacer y reparar el daño ocasionado, no solo a las familias, sino al territorio del Catatumbo, que sufrió profundamente los efectos de esa política”, concluyó Pérez.
Los hechos por los que se otorgaron estos beneficios ocurrieron en municipios como San Calixto, Hacarí y El Tarra, donde decenas de jóvenes fueron asesinados y presentados falsamente como guerrilleros muertos en combate durante los años más críticos del conflicto armado.