Defensoría del Pueblo muestra su preocupación por posible reducción en el presupuesto para 2026

Tras la radicación de la ponencia de presupuesto para el año 2026, Iris Marín, defensora del Pueblo, manifestó a través de la red social X su preocupación por el recorte que se le dio a la Defensoría del Pueblo para el siguiente año. La funcionaria cuestionó al Gobierno y el Congreso, preguntando cuál es la prioridad que se le está dando a la promoción y defensa de los derechos humanos.

“La Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio” afirmó la funcionaria.

Asimismo, comparó el presupuesto de este año con el del siguiente, afirmando que “tendrá 5% menos de presupuesto en el 2026 con respecto al año 2025”, de igual manera, expresa que “el recorte más fuerte es en el presupuesto de inversión” que será de 30% menos para el próximo año, según Iris Marín.

También expresa que este recorte representa más de 150 millones de pesos menos que lo que la Defensoría solicitó para un trabajo adecuado en 2026, lo que en porcentaje sería un 11%. Resaltando de igual manera que sería el segundo año consecutivo con recortes presupuestales a la entidad.

La defensora afirma que este recorte llega en un momento donde “los organismos de derechos humanos de Naciones Unidas y humanitarios vienen reduciendo su presencia en el territorio”, calificando esto como un “riesgo para las poblaciones”.

Ante esto, Iris Marín, muestra varios riesgos que representa este recorte, entre los que se encuentran:

• Afección en la capacidad de monitoreos en alertas tempranas.
• Cierre de casas de los derechos.
• Limitación en acompañamientos psicojurídicos para víctimas de violencia de género.
• Reducción a seguimiento de crisis en el derecho a la salud.
• Reducción de estrategias de prevención de reclutamiento en el conflicto armado.
• Afección en el servicio de Defensa Pública.

Esta reducción presupuestal se presentó “sin ningún tipo de diálogo con la Defensoría del Pueblo”, esto, representa un “desconocimiento de la autonomía” de la entidad, señala la defensora. Igualmente, hace un llamado al Congreso de la República para evaluar esta decisión.