En Neiva, producían medicamentos ilegales que vendían en Colombia y Ecuador
Un colombiano y una ecuatoriana producían y comercializaban de manera ilegal y sin las medidas de salubridad, medicamentos y suplementos alimenticios para el acondicionamiento deportivo.
Lo realizaban de manera ilegal con insumos vencidos.
Neiva
Las diligencias de registro y allanamiento lo realizaron las autoridades a un inmueble en el barrio solo verde, allí capturaron a Hilver Franco Montero y la ciudadana ecuatoriana Alba Esperanza Benavidez Rocero, quienes serían los responsables de la alteración y comercialización de los productos.
En los procedimientos fueron incautadas 39 cajas con 3.978 frascos de diferentes gramajes y marcas con sus respectivos rótulos y etiquetas de seguridad, 37 bultos de lactosa, 35 cajas con frascos de vidrio, tapones de caucho, además de tapas plásticas y metálicas. Asi mismo, encontraron máquinas y otros elementos utilizados para la preparación de los suplementos, y facturas que relacionaban las ventas realizadas.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, la pareja presuntamente elaboraba los suplementos y demás artículos con medicamentos inyectables y de consumo oral vencidos, harinas e insumos sobre los cuales no hay claridad ni análisis de sus efectos en la salud humana, y sustancias que no contaban con los registros sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA).
Los productos eran embalados, rotulados y almacenados en precarias condiciones. Posteriormente, ofertados por plataformas digitales, comercializados y distribuidos sin licencias sanitarias a dispensarios, droguerías y centros de rendimiento físico ubicados en Neiva, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Popayán, Cereté Córdoba, Ibagué Tolima y distintas ciudades de Ecuador.
Por los hechos, una fiscal de la Seccional Huila imputó a Franco Montero y Benavidez Rocero el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico agravado. Los cargos no fueron aceptados.
El juez de control de garantías impuso a los procesados medida de aseguramiento en centro carcelario y, por petición de la Fiscalía, ordenó la suspensión del poder dispositivo de dominio con fines de comiso sobre uno de los inmuebles utilizados para la actividad ilegal.