Víctimas del Huila rechazan sanción de ocho años impuesta por la JEP a exintegrantes de las FARC

Neiva

El reciente fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que sanciona con ocho años de medidas restaurativas a exintegrantes de las FARC responsables de secuestros masivos, ha despertado fuertes críticas. Para las víctimas, este pronunciamiento resulta irrisorio y carente de justicia, pues esperaban sanciones más severas. Consideran que el país sigue sumido en un conflicto sin soluciones reales y que el proceso de paz no cumplió sus promesas.

Algunos afectados como Jaime Felipe Lozada, Armando Acuña, afirman que, “si los acuerdos se hubieran respetado plenamente, hoy podrían aceptar estas decisiones con mayor serenidad. Sin embargo, señalan que ni el Estado ni la insurgencia cumplieron lo pactado, lo cual mantiene la violencia activa en varias regiones. La sociedad civil, que ha sufrido directamente los impactos de la guerra, percibe la decisión como un retroceso en la búsqueda de una paz duradera”.

Víctimas de secuestro consideran ofensivo que sus victimarios conserven derechos políticos y que, en lugar de prisión, reciban tareas como sembrar árboles. Recuerdan que muchos padecieron años de cautiverio y humillaciones que no se compensan con labores simbólicas. Para ellos, la JEP fue diseñada para proteger a la guerrilla y no para garantizar la centralidad de las víctimas, como se prometió en el Acuerdo de La Habana.

Aunque algunos juristas sostienen que la JEP actúa dentro de los parámetros establecidos en el acuerdo, las víctimas insisten en que el fallo refleja impunidad. Subrayan que la justicia transicional privilegió los beneficios políticos de la insurgencia sobre el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación. En su sentir, el país perdió la oportunidad de consolidar un proceso de paz real y hoy la desconfianza crece ante una justicia que, aseguran, no los protege.