Camilo Romero insiste en que la Corte Suprema está vulnerando su derecho a la defensa
En la Sala Especial de Primera Instancia se habla de una maniobra para que el proceso prescriba.
BOGOTÁ. 21 de septiembre de 2021. Conversatorio Precandidatos presidenciales sobre política de drogas organizado por la Universidad de los Andes. En la foto: Camilo Romero, Precandidato Presidencial, Partido Verde. (Colprensa - Álvaro Tavera) / Álvaro Tavera
JUSTICIA
Esta semana en la Corte Suprema de Justicia se buscaba avanzar con el juicio en contra de Camilo Romero, embajador en Argentina y precandidato presidencial, por hechos que se remontan cuando ejerció como gobernador de Nariño.
El pleito de estas audiencias radica en que Romero se niega a aceptar que una abogada suplente lleve su caso, mientras el abogado titular, Miguel Ángel del Río está incapacitado.
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“Ha vulnerado la Ley 906 en su artículo 121, quiere imponer una abogada de oficio como abogada suplente cuando tengo abogado titular. Ni siquiera fuimos notificados, ni siquiera fuimos notificados de que se ponga una abogada suplente”, dijo Romero antes de retirarse de la audiencia.
Dice Romero que en múltiples ocasiones se le ha vulnerado su derecho a la legítima defensa. Además, insiste en que en época electoral se hacen más latentes las irregularidades en el proceso.
“He dicho que los tiempos dejan claro que cuando no hay jornada electoral, no hay ningún problema de hablar de dilación, ni más faltaba porque se cita a pocas audiencias. En cambio, cuando hay época electoral, se arrecia y se cita, como ya lo expresé”, indicó Romero.
No obstante, para la Sala Especial de Primera Instancia, los constantes aplazamientos, incapacidades y otros recursos, demostrarían maniobras dilatorias para que el proceso prescriba.
Lo último en este rifi rafe es que, el magistrado Ariel Torres definió que el 20, 21, 22 y 23 de octubre continuarán las audiencias.
¿Qué dicen expertos?
Caracol Radio consultó con Victor Hernández, abogado penalista de la Universidad del Rosario, quien asegura inicialmente que el Estado no puede imponer un abogado.
“La persona procesada tiene derecho a escoger su abogado con el que se sienta bien representado. El Estado no puede imponerle un abogado, ahora, si no cuenta con recursos para honorarios, se le asigna uno de la Defensoría Pública para que lo represente en audiencia", indicó el jurista.
No obstante, dice Hérnandez que se debe tener en cuenta que si el caso en cuestión está próximo a preescribir, la Corte podría tomar medidas, siempre y cuando se conserven las garantías de ley.
“Lo que yo observo es que hay un caso en particular que está próximo a prescribir y la honorable Corte considera que es dilación ¿Cómo vería la sociedad que un caso prescribe porque el abogado pasa incapacitado? ¿Sería justicia? ¿Sería impunidad? ¿Sería protección a los derechos de la defensa? El juicio se debe llevar a cabo en protección de los derechos y garantías fundamentales", indicó.
¿Por qué se le investiga a Romero?
Se investigan irregularidades presentadas en la selección de la empresa que se encargaría de comercializar 80 mil cajas de licor en el año 2016. Al parecer el contrato se adjudicó a la Organización de Licores de Nariño S. A. S. sin que previamente se hubiera realizado el proceso de selección correspondiente.
A Romero se le investiga por los delitos de falsedad ideológico en documento público, falsedad material en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y asociación para la comisión de un delito.
En este proceso también está siendo investigado Mario Fernando Benavides Jiménez, gobernador encargado de Nariño.
