Guaviare está sometido y enfrentando una dura violencia: defensora ante liberación de militares

Luego de cien horas de discusión con la comunidad del Guaviare, el miércoles 28 de agosto, se logró la liberación de 33 militares quienes presuntamente fueron secuestrados por disidencias de las FARC que operan en la región al mando de alias Iván Mordisco.

Frente a esto, desde la Defensoría del Pueblo afirmaron que la entidad fue quien lideró la mediación para que estos soldados pudieran salir sin condiciones y en buen estado.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó el viernes, 29 de agosto en 6AM de Caracol Radio, que la intervención de la entidad fue decisiva para que los uniformados, rodeados desde el martes por habitantes de la zona, pudieran regresar con sus armas y equipos.

Esta es una comunidad atrapada entre la violencia y la ausencia del estado

La funcionaria recordó que en enero de este año la Defensoría ya había emitido una alerta, en la que se advertía sobre los riesgos generados por la confrontación entre las disidencias de Iván Mordisco y Calarcá. Además, afirmó que el Guaviare ha sido uno de los territorios más golpeados, registrando enfrentamientos, restricciones a la movilidad y graves afectaciones para la población civil.

Añadió, que el fin de semana se registró un operativo militar, en el que murieron varios presuntos combatientes y, según la comunidad, también un campesino; lo que aseguró, desató la inconformidad de los habitantes, quienes conformaron un cordón alrededor de los soldados que permanecían en la zona.

“Nosotros encontramos una comunidad sometida a una gobernanza criminal, que impone horarios, restringe el acceso a alimentos y medicinas, obliga a participar en reuniones y amenaza a quienes no obedecen. Pero también hallamos una población civil cansada de la violencia y con escasa presencia institucional”, explicó la defensora.

¿Cuáles fueron las exigencias de la comunidad para liberar a los soldados?

La defensora destacó que los pobladores plantearon dos solicitudes para liberar a los uniformados:

• La presencia de representantes del Ministerio de Defensa y de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

• El esclarecimiento de la muerte del presunto civil durante el operativo militar.

Frente al segundo punto, la Defensoría en articulación con la Fiscalía General de la Nación gestionó el acceso de la familia al cuerpo de la víctima, así como el inicio de las investigaciones forenses para determinar si se trataba efectivamente de un campesino.

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Además, señaló que desde el martes la entidad estuvo en el lugar, dialogando con la comunidad y solicitando que no condicionaran la salida de los militares. Sin embargo, no fue hasta el miércoles en la noche, tras la llegada de delegados del Gobierno, que se permitió la liberación.

“Ellos nunca fueron desarmados ni despojados de su dotación. La información que recibimos es que se encontraban en buenas condiciones. Ahora corresponde verificarlo con detalle”, aseguró la defensora del Pueblo.

Por su parte, la funcionaria pidió no estigmatizar a la comunidad, pues aunque no descarta influencia de las disidencias, sería “reduccionista” pensar que toda la movilización obedeció a órdenes criminales.

“El martes había 500 personas y el miércoles ya eran cerca de 800. Es simplista decir que todos eran miembros de las disidencias. Se trata de campesinos que han vivido paros armados, hambre y restricciones, y que enfrentan un contexto de violencia prolongada”, añadió.

Finalmente, Iris Marín advirtió que lo ocurrido en Guaviare es un reflejo de la fragilidad de la presencia del Estado en territorios donde los grupos ilegales ejercen control sobre la vida cotidiana de la población.

“Nos corresponde garantizar no solo la vida de los servidores públicos, sino también acompañar a estas comunidades y exigir una mayor presencia institucional. La gobernanza ilegal no puede seguir reemplazando al Estado”, concluyó la defensora.