Órdenes judiciales de nombramientos masivos en la Dian desconocen la ley
La entidad hizo un llamado a la Comisión Nacional del Servicio Civil para que actúe como garante del proceso de provisión de empleos conforme a la ley y al mérito.
Protesta de trabajadores de la DIAN en Ibagué
El director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Luis Eduardo Llinás reafirmó el compromiso de la entidad con el principio constitucional del mérito, base fundamental para el acceso a la función pública en Colombia.
Señaló que, en los últimos cinco años, la DIAN ha llevado a cabo tres concursos de mérito y mantiene uno más activo, que han permitido vincular a más de 9.600 funcionarios, distribuidos entre vacantes ofertadas y no ofertadas, a través del proceso de listas de elegibles.
Así mismo expresó su preocupación por recientes decisiones judiciales que ordenan la vinculación masiva de personas incluidas en estas listas, considerando que tales mandatos son imposibles de cumplir desde el punto de vista material y jurídico. Además, advierten que estas órdenes invaden las competencias legales propias de la entidad.
El director de la DIAN señaló que las acciones de tutela actuales han impuesto el uso indiscriminado de listas de elegibles, incluso para perfiles ya cubiertos mediante concursos anteriores o para empleos distintos a los requeridos por la DIAN.
Añadió que esta situación afecta la planificación institucional y limita la facultad del director general para la asignación de vacantes, según lo establecido por la ley. De modo adicional, algunos jueces han extendido sus decisiones a personas que no participaron en los procesos, lo cual es una atribución exclusiva de la Corte Constitucional.
La DIAN calificó estas medidas como un obstáculo para la administración eficiente de su talento humano y un riesgo para el desarrollo de sus funciones técnicas. Atender estas órdenes implicaría desvincular a casi 400 funcionarios provisionales, abrir la posibilidad a demandas millonarias contra el Estado y poner en peligro la continuidad de sus procesos misionales de recaudo y fiscalización.
Además, los plazos impuestos por los jueces, que exigen cumplimiento en 48 horas, desconocen los procedimientos legales y el debido proceso de los trabajadores, algunos con protección constitucional especial.
Frente a esta problemática, la entidad presentó consultas ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, señalando la imposibilidad material y jurídica de ejecutar los nombramientos conforme a las órdenes judiciales. Asimismo, advirtieron que estas decisiones desconocen el régimen especial de carrera y podrían afectar la estabilidad financiera y administrativa del país.
Finalmente, la DIAN hizo un llamado al Consejo Superior de la Judicatura para que realice capacitaciones dirigidas a los jueces sobre la estructura y normativa de la entidad, y solicitó a la Comisión Nacional del Servicio Civil que vele porque los procesos de provisión de empleo se ajusten estrictamente a la ley y al mérito como principio rector.
