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Gobierno radicó proyecto de ley de Internet Solidario para garantizar el acceso a esta tecnología

La iniciativa establece que hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, contribuyan con un 30 % adicional en su factura de internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables del país.

MinTic - Cortesía

El Ministro TIC, Julián Molina, radicó ante el Congreso el proyecto de ley ‘Internet Solidario´, que busca desarrollar el derecho fundamental al acceso a Internet.

La iniciativa establece que hogares de estratos 5 y 6, junto con grandes empresas comerciales e industriales, contribuyan con un 30 % adicional en su factura de Internet fijo para subsidiar el acceso a este servicio esencial a los sectores más vulnerables del país.

Mientras que hogares del estrato 1,registrados en el Sisbén A, podrán recibir un subsidio de hasta el 55 % del valor total de su factura y se definirá una tarifa especial para nuevos usuarios de hogares de estrato 1, el cual se calcula aproximadamente en $35.000.

Puntos clave que establece la iniciativa

1. Crea un plan especial de acceso a internet fijo residencial con costos sostenibles pero asequibles para los estratos más bajos.

2. ⁠Se define una tarifa regulada al estrato 1, es decir, crea la obligación de que las tarifas ofrecidas para usuarios nuevos de estrato 1 sean más bajas.

3.Subsidio de Solidaridad Digital: Se crea un subsidio para que esta tarifa más baja sea incluso más asequible para quienes no solo hacen parte del estrato 1 sino que cuentan con condiciones de pobreza y vulnerabilidad mayores.

¿Cómo funciona hoy la prestación del servicio de internet?

Hoy los estratos socioeconómicos más bajos disponen de más del 30% de los ingresos totales de sus hogares para acceder a internet, mientras que hogares con mayores ingresos representa solo el 0,5%, según datos de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Actualmente, ya hay una ley que establece el internet como derecho fundamental en Colombia, sin embargo, no hay una ley que establezca cómo garantizarlo de manera efectiva.