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La expansión y gobernanza criminal de las ACSN obliga al Estado a reforzar operaciones militares

Esta organización, recientemente catalogada como GAO, está consolidando su control territorial hacia Catatumbo y Norte de Santander.

La expansión y gobernanza criminal de las ACSN obliga al Estado a reforzar operaciones militares / Video ACSN

Santa Marta

Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), antes conocidas como Los Pachenca, fueron catalogadas por el Gobierno Nacional como Grupo Armado Organizado (GAO), luego de que en un consejo de seguridad en Valledupar se determinara que su creciente poder de fuego, capacidad de mando y control territorial, los convierte en una amenaza de alto riesgo para la seguridad nacional.

Durante la reunión, a la que asistió el Ministro de Defensa y autoridades del Cesar, se concluyó que la peligrosidad alcanzada por la estructura ha obligado a las autoridades a activar todo el marco de operaciones militares, incluido el uso de bombardeos.

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Con presencia histórica en Magdalena, César y La Guajira, las ACSN buscan ahora extender su influencia hacia zonas estratégicas como el Catatumbo y Norte de Santander. Su avance se ha hecho visible a través de actos de intimidación como los grafitis aparecidos en febrero en el barrio Cinco de Enero de Valledupar, en junio en el municipio de La Esperanza, y en julio en Ocaña, donde defensores de derechos humanos criticaron la pasividad institucional.

Así es la violencia de las ACSN

La violencia directa también ha acompañado su expansión en lo que va del 2025. En mayo, un ingeniero químico que residía en Estados Unidos fue asesinado en Valledupar pocos días después de llegar para celebrar el cumpleaños de su padre; en la escena apareció un mensaje alusivo a las ACSN. Casos anteriores, como el de un exfuncionario del DAS que fue asesinado y la denunciada persecución a un hermano de la víctima, así como a su familia, han sido ejemplos claros para las autoridades de que este clan narcoparamilitar busca enquistarse y sembrar el terror en la ciudad valduparense.

Incluso, dichas acciones forzadas obligaron al exilio de uno de ellos, reflejando un patrón repetitivo de persecución contra funcionarios, periodistas, líderes sociales, defensores de derechos humanos y víctimas de los oprobios de las extintas AUC.

Lo cierto es que, para muchos analistas en temas de seguridad, este accionar ha provocado un éxodo forzado que ha vaciado territorios de voces críticas y ha llevado a muchas personas amenazadas a salir del país en busca de refugio.

Es así que, Valledupar y otras regiones del Caribe - según la versión de violentólogos- hoy viven con miedo no solo por la aparición de los grafitis que dan a entender una intención de control territorial, sino también por los homicidios, amenazas, desplazamientos forzados y extorsiones a grandes y pequeños comerciantes.

Así las cosas, la decisión del Gobierno de recategorizar como GAO a los otrora Pachenca, es una advertencia clara de que el Estado reconoce que la estructura está consolidando su expansión criminal. Pero ahora el reto , dicen lo especialistas, será no solo detener su avance territorial, sino también el de garantizar la protección real a las comunidades y a quienes denuncian sus abusos.