Secretaría de Transparencia destapa presuntas irregularidades en la Universidad Popular del Cesar
Se pidió la intervención por parte del Ministerio de Educación tras denuncias de corrupción administrativa y contractual en la institución.
Foto: Universidad Popular del Cesar
La Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Transparencia, alertó este lunes sobre presuntas irregularidades administrativas y contractuales en la Universidad Popular del Cesar, las cuales podrían dar lugar a una intervención por parte del Ministerio de Educación Nacional.
El secretario de Transparencia, Andrés Idárraga, reveló que desde hace al menos cuatro meses han recibido múltiples denuncias acompañadas de documentos que evidencian posibles irregularidades en procesos de contratación, manejo presupuestal, transparencia y gobernanza interna de la institución.
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“Hemos remitido al ministro Daniel Rojas para que considere la posibilidad de iniciar un proceso de intervención, si así lo amerita, de la Universidad Popular de Cesar”, declaró Idárraga ante medios de comunicación.
Nombramientos irregulares y sobrecostos tecnológicos
Uno de los hallazgos más delicados está relacionado con decisiones del rector Esmelín Romero Ramírez que, al parecer, se habrían tomado sin autorización del Consejo Superior Universitario. Entre estas figuran nombramientos que no cumplirían con los requisitos legales, así como posibles casos de nepotismo, al vincularse a un familiar del rector en la gestión paralela de recursos institucionales.
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A esto se suman denuncias por presuntos sobrecostos de hasta un 60% en la compra de equipos tecnológicos, especialmente computadores, lo que genera dudas sobre la eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.
169 contratos en revisión
Según la Secretaría de Transparencia, se han identificado 169 contratos financiados con recursos de la Nación, de los cuales 161 no habrían cumplido con las normas de transparencia y publicidad establecidas por la ley en materia de contratación pública.
Entre los contratos bajo observación se destacan ocho contratos que superan los 15.000 millones de pesos, una cifra que llamó la atención de la Secretaría por su legalidad y ejecución.
Falta de supervisión y transparencia
Desde la Secretaría de Transparencia se advierte que no hay claridad sobre el cumplimiento de las etapas precontractual, contractual y postcontractual, ni sobre la ejecución real de los recursos comprometidos.
“tenemos vacíos en materia precontractual, contractual y postcontractual y no sabemos si efectivamente estos recursos se están ejecutando o no, si fueron ejecutados. No sabemos cuál ha sido la labor de la supervisión entre esos contratos, lo cual también nos preocupa”, dijo el funcionario.
Posible intervención en curso
Ante la gravedad de los hallazgos, la entidad trasladó toda la documentación al Ministerio de Educación Nacional, solicitando que se estudie la viabilidad de una intervención directa en la universidad.
“Los vacíos precontractuales, contractuales y postcontractuales son preocupantes. Estamos frente a una situación que puede comprometer los recursos públicos y la calidad educativa”, reiteró el funcionario.