Tres años sin justicia: el drama de las familias tras la tragedia escolar en San Andrés, Santander
El tiempo no ha mitigado el dolor ni ha traído justicia, es lo que dicen las familias de los seis niños fallecidos en 2022, luego de un trágico accidente escolar en el municipio de San Andrés.
Tatiana Cáceres, hermana de una de las víctimas
Bucaramanga
Han pasado más de tres años desde que un bus escolar cayó a un abismo en San Andrés, Santander, dejando seis niños muertos. Hoy, sus familias siguen luchando contra lo que han llamado impunidad e indiferencia institucional.
El trágico accidente que ocurrió el 22 de marzo de 2022, todavía sigue su trámite judicial. Tatiana Cáceres, hermana de una de las víctimas, se pronunció nuevamente para denunciar que el proceso penal contra varios de los responsables está estancado y que uno de los condenados, el conductor Jaime Osorio, no cumple su pena.
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“El señor Osorio fue condenado el 2 de julio a 90 meses, hizo preacuerdo, aceptó cargos, pero lo beneficiaron con casa por cárcel. Y a pesar de tener prohibido manejar, anda en su moto como si nada”, denunció Tatiana. La sentencia, dictada por un juez luego de reconocer su responsabilidad y tras una indemnización parcial a algunas víctimas, ha sido calificada por las familias como “una burla”.
Pero ese no es el único proceso. En total, las familias y sus representados adelantan tres procesos legales: uno administrativo contra la Alcaldía de San Andrés, otro penal contra el conductor del bus, y un tercero también penal, aún sin avances, contra el exalcalde Rosemberg Rojas, la exsecretaria de Desarrollo Social Sandra Bautista y la empresa Transportes Especializados de los Andes (TEA). Esta última, dicen las familias, se encuentra prácticamente paralizada desde la última audiencia, realizada el 18 de febrero de este año.
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“Lo más grave es que había pruebas contundentes. Se contrató un servicio de transporte con buses y conductores que cumplían con los requisitos, pero lo que llegó a San Andrés fueron buses viejos, con placas distintas y personas sin experiencia”, explicó Tatiana.
Según la familia Cáceres, el bus que cayó al abismo era un modelo 1.990, que ya no debía estar en circulación y el conductor solo tenía seis meses de haber obtenido la licencia.
A pesar de los testimonios, las pruebas y la tragedia, las sanciones contra los responsables políticos y contratistas no han llegado. “Falsificaron documentos, hubo chanchullos, todo para favorecer intereses políticos. Ese bus llevaba 15 años en la ruta escolar porque siempre era asignado al dueño del vehículo, sin importar si cumplía o no con los requisitos”, agregó.
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Tatiana también relató que, en un intento por silenciar o detener los procesos legales interpuestos por las familias, les ofrecieron dinero a cambio de retirar las denuncias. “Nos ofrecieron 100 millones de pesos para quedarnos callados. Nosotros no aceptamos. Esto no lo hacemos por plata, porque nada nos devolverá a mi hermana. Queremos justicia y que esto no vuelva a pasar”, sentenció.
Damaris Cáceres Maecha, unas de las personas fallecidas, era la hermana de Tatiana Cáceres, la menor de su casa habría cumplido 18 años. Su familia, como las de las de las demás víctimas dicen que no pararán y continuaran clamando por justifica.