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Las seis alertas de la Procuraduría por el nuevo modelo de recolección de basuras en Bogotá

El Ministerio Público citó a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico para una reunión.

Cortesía: Contraloría de Bogotá

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La Procuraduría General le hace especial seguimiento al nuevo modelo de recolección de basuras que busca implementar la alcaldía de Carlos Fernando Galán en Bogotá.

Esta vigilancia se reforzó aún más, luego de que que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico por medio de la resolución 1013 de 2025 rechazara la propuesta presentada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) para implementar un modelo de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE) en la capital.

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De acuerdo con la Procuraduría, en una citación conocida por Caracol Radio, esta determinación de la CRA en relación al nuevo modelo de aseo, pone en riesgo la prestación del servicio sobretodo en zonas periféricas de la ciudad.

“Descarta la posibilidad de garantizar, por vía contractual, la atención de sectores urbanos y rurales cuyas condiciones hacen inviable la competencia en libre mercado, lo que conlleva elevados riesgos para la prestación universal del servicio, la sostenibilidad operativa del esquema y la salvaguarda del interés general”, indicó la Procuraduría en una comunicación conocida por este medio de comunicación.

Alertas de la Procuraduría

  1. Zonas vulnerables de la capital sin cobertura garantizada, debido a la falta de rentabilidad para los prestadores del servicio.
  2. Exclusión o prestación degradada del servicio para usuarios de menores ingresos.
  3. Aumento en la generación de puntos críticos por acumulación de residuos, con implicaciones para la salud pública y el saneamiento ambiental.
  4. Falencias en la gestión operativa y manejo de la información del servicio. Al no existir una coordinación centralizada, pueden presentarse duplicidades, vacíos operativos, desequilibrios logísticos o inadecuada distribución de rutas.
  5. Fragmentación del control y dificultades para la vigilancia de la prestación del servicio. Sin una relación contractual directa entre el ente territorial y los prestadores, se reducen los instrumentos formales que permiten hacer seguimiento operativo periódico con correctivos inmediatos.
  6. Sostenibilidad financiera. La redistribución de costos en el sistema puede afectarse y aumentar el riesgo de que zonas no rentables que no sean atendidas, generen desequilibrios financieros que afecten la operación a mediano plazo.

A raíz de estas alertas, el Ministerio Público convocó a una mesa de trabajo con la CRA este jueves 24 de julio a las 2:00 p.m de la tarde.