MinDefensa implementa protocolo para control de armas en empresas de vigilancia privada

El Gobierno Nacional implementó una estrategia para reforzar el control sobre las armas de fuego en poder de las empresas de vigilancia y seguridad privada.

Esto luego de que en días anteriores se conociera que empresas privadas estaban haciendo uso indebido del diploma de escolta y por ende del armamento del Estado, incluso con presuntas alianzas con grupos criminales.

La medida, liderada por el Ministerio de Defensa, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Departamento de Control, Comercio de Armas y Explosivos (DCCAE) de las Fuerzas Militares, busca prevenir el mal uso del armamento autorizado, garantizar la trazabilidad y reforzar los mecanismos de inspección y seguimiento.

“El objetivo es cerrar espacios a posibles desvíos, fortalecer la supervisión y asegurar un manejo transparente del armamento asignado a empresas privadas. No permitiremos que estas armas terminen en manos de actores ilegales o que sean mal empleadas”, señaló el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Uno de los pilares de esta estrategia es el Protocolo Interinstitucional de Actuación, impulsado por la Superintendencia de Vigilancia, que estandariza los procedimientos de:

• Bloqueo operativo de las armas involucradas en procesos sancionatorios,

• Custodia preventiva,

• Y seguimiento administrativo de cada caso.

La implementación de este protocolo permite que las autoridades puedan actuar de forma coordinada y rápida ante cualquier irregularidad, y que exista un control en todo el territorio nacional.

En ese sentido, ya se están fortaleciendo los canales de comunicación entre entidades encargadas del control de armas, para mejorar las respuestas articuladas y eficientes.

La estrategia está enmarcada dentro del cumplimiento de los artículos 80 y 81 del Decreto Ley 2535 de 1993, así como de la Circular Externa Conjunta 20224100000195, que regula los conceptos previos para el porte de armas dentro de servicios de vigilancia privada.

Según la Superintendencia, estas acciones también buscan blindar al sector contra intentos de infiltración por parte de estructuras del crimen organizado, que en el pasado han intentado utilizar figuras legales para acceder a armamento con fines ilícitos.

“Estamos comprometidos con garantizar que las empresas de vigilancia operen bajo estrictos estándares de legalidad y eficiencia. Este protocolo es una herramienta concreta para proteger la seguridad de los colombianos y preservar la confianza en el sector”, indicó Ana Catalina Cano, viceministra de Veteranos y del Grupo Social y Empresarial de la Defensa.