Contraloría pide celeridad en protección a colombianos en riesgo: 203 días tardan las entidades en atender solicitudes

Tras el estudio “Análisis de la Implementación de la Ruta de Protección a Grupos y Comunidades en Riesgo”, que se enfocó en revisar la protección de los colombianos entre los años 2019 y 2023, la Contraloría General, por medio del vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, hizo un llamado sobre la necesidad de plantear una política de Estado más arriesgada en términos de seguridad que permita reforzar la articulación institucional y optimizar la asignación de recursos hacia esquemas colectivos de protección.

El ente de control indicó que con el estudio desarrollado por la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad se evidenció que pese a que se han alcanzado logros en la protección de los ciudadanos en riesgo, hay fallas y oportunidades de mejora para las entidades que formulan e implementan esta política.

Asimismo, la Contraloría alertó que las comunidades que están en riesgo deben esperar hasta 203 días la respuesta de su solicitud de medidas de protección. “Más de 1.300 grupos y comunidades, en su mayoría pueblos indígenas, afrocolombianos, campesinos y organizaciones sociales, solicitaron medidas de protección ante situaciones de alto riesgo derivadas de su labor en defensa del territorio, la vida y los derechos humanos. Sin embargo, solo el 18% de estos casos accedió a medidas efectivas. El resto, o no cumplió con los requisitos exigidos o continúa a la espera de una evaluación de riesgo, proceso que, en promedio, tarda 203 días.”

Con el estudio, se identificó que la débil articulación interinstitucional y la limitada accesibilidad a las comunidades que residen en zonas de difícil acceso representan uno de los mayores obstáculos en la protección. “A esto se suma que, pese a que en 2023 se destinaron más de 1,29 billones de pesos a esquemas de protección administrados por la Unidad Nacional de Protección (UNP), el 93% de estos recursos fue invertido en medidas individuales, dejando apenas un 7% para acciones colectivas, a pesar de su potencial de impacto más amplio y costo eficiente”.

Y es que aunque en los últimos años ha aumentado la inversión de UNP, la Contraloría explicó que hay una baja inversión en las medidas que permitan un fortalecimiento institucional y en proyectos de largo plazo. “El análisis del presupuesto de la UNP muestra un crecimiento progresivo durante el periodo 2019-2024: de 1,3 billones en 2019 a 2,6 billones en 2024, con un gasto acumulado de 6,3 billones de pesos. No obstante, el destino de estos recursos refleja una baja inversión en medidas de fortalecimiento institucional y en proyectos de largo plazo.”

Además, con el estudio se identificó que entre 2019 y 2023 los ciudadanos realizaron 1.300 solicitudes de protección y solo 234 han sido atendidas. Por lo que la Contraloría pide al Estado prestar más atención a este tema.

Finalmente, líderes consultados en el estudio expresaron que las acciones de la UNP no son suficientes para garantizar la seguridad de los ciudadanos.