Archivan proyecto de justicia tarifaria para la energía eléctrica en el Caribe: denuncian “jugadita”
El senador Antonio Correa aseguró que la decisión representa “darle la espalda al clamor ciudadano” de la región Caribe.
Antonio Correa Jiménez.
Montería
El proyecto de ley 2020 de 2024, conocido como ‘justicia tarifaria para el servicio de energía’, fue archivado el martes 27 de mayo por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, generando fuertes críticas del senador Antonio Correa, uno de sus principales promotores.
El congresista aseguró que la decisión representa “darle la espalda al clamor ciudadano” de la región Caribe, una de las más afectadas por los altos costos del servicio eléctrico. Correa denunció que se programaron audiencias públicas en ciudades que no sufren las alzas tarifarias, mientras se ignoraba a las zonas más perjudicadas.
“Fue una jugadita calculada con consecuencias para el bolsillo de la región Caribe”, afirmó el senador, responsabilizando directamente a los representantes Ciro Rodríguez (Partido Conservador) y Daniel Carvalho (Alianza Verde Centro Esperanza) por lo que calificó como “proposiciones infundadas” que llevaron al archivo del proyecto.
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Con esta decisión, según explicó Correa, se mantendrán varios aspectos controvertidos del sistema tarifario: los usuarios seguirán asumiendo el cobro por pérdidas técnicas que deberían corresponder a las empresas, no se transparentarán las facturas de energía que actualmente mezclan conceptos como alumbrado público y aseo, y los estratos 1 y 2 no serán exonerados del pago de alumbrado público.
Pérdida de incentivos
El senador también lamentó que se pierda la oportunidad de crear incentivos para energías renovables y atribuyó el fracaso del proyecto al “cabildeo de monopolios del alumbrado público y comercializadoras” que, según él, “siempre encuentran eco en el Congreso”. La cercanía del cierre legislativo del 20 de junio hizo imposible buscar alternativas para revivir la iniciativa.
“La frustración es evidente: nuestro proyecto se ha hundido por falta de trámite”, concluyó Correa, quien había promovido esta iniciativa como una forma de garantizar un servicio de energía y alumbrado público “justo y transparente” para todo el país, con especial énfasis en proteger a los usuarios más vulnerables de las regiones más afectadas por las altas tarifas.
El archivo definitivo del proyecto ocurre en medio de crecientes quejas por los costos del servicio eléctrico en el Caribe colombiano, donde según cifras de las mismas empresas prestadoras, las tarifas pueden superar en un 40% el promedio nacional, afectando particularmente a familias de bajos recursos.