Compulsan copias contra juez en caso de red de robo de tierras
El Tribunal Superior de Barranquilla exhortó al juez para que continúe con la imputación de cargos
Audiencia de legalización de capturas contra red de robo de tierras
El Tribunal Superior de Barranquilla definió que el Juez 101 Penal Municipal de Control de Garantías Ambulante, Ángel Augusto Monroy Rodríguez, sí tiene competencias para desarrollar las diligencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra los procesados por el robo de tierras en el departamento del Atlántico.
Luego de legalizar 16 de las 17 capturas, el juez había declarado que no tendría la competencia para continuar con las audiencias preliminares, asegurando que su especialidad eran los GAO (Grupo Armado Organizado) y GDO (Grupos Delictivos Organizados).
En la última audiencia, el juez se había declarado incompetente para seguir con el proceso, alegando que su especialidad eran los GAO (Grupo Armado Organizado) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).
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El magistrado del Tribunal Superior de Barranquilla, Luigui José Reyes Núñez, consideró que el juez tomó una decisión anticipada, sin desarrollar la audiencia de imputación de cargo para que el ente acusador expusiera los hechos jurídicamente relevantes, para determinar si corresponde a un GAO o un GDO.
Por lo anterior, el magistrado también tomó la decisión de compulsar copias ante la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Atlántico para que adelante una investigación disciplinaria contra el juez Monroy Rodríguez al considerar que su actuación podría, incluso, causar la libertad de los procesados por dilación en el proceso.
La diligencia de imputación de cargos fue fijada para este 29 de abril.
Uno de los procesados quedó en libertad
Durante la diligencia, fueron legalizadas 16 de las 17 capturas, luego de que el juez declarara ilegal el procedimiento contra Marlon Mora Montesino, Inspector de Policía, capturado en el municipio de Cereté, Córdoba.
La decisión fue tomada luego de que, según la Fiscalía, “un error humano” fue cometido por uno de los funcionarios judiciales al momento de enviarle al togado una orden de captura que no correspondía con el procesado.
