Alcalde de Puerto Boyacá cuestiona entrega de tierras a víctimas del Catatumbo por excluir a locales

Puerto Boyacá

El alcalde de Puerto Boyacá, John Faber Urrea, expresó su rechazo frente a la decisión del Gobierno Nacional de trasladar al municipio a más de 20 familias víctimas del conflicto armado provenientes del Catatumbo, sin concertación previa ni articulación institucional con las autoridades locales.

Según explicó el mandatario, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) adquirió un predio en la vereda Las Pavitas y lo entregó a las familias desplazadas, sin que la administración municipal fuera notificada oficialmente ni se le diera participación en el proceso. “Solicité una mesa de concertación con el Gobierno Nacional, pero nunca se llevó a cabo. En menos de diez días, el predio fue entregado sin información clara ni garantías mínimas”, afirmó Urrea.

El alcalde advirtió que el terreno no cuenta con las condiciones necesarias para recibir dignamente a estas familias, muchas de ellas con niños, personas con problemas de salud y necesidades urgentes de atención en salud, educación y servicios públicos. “El Estado no está garantizando los derechos de estas personas, y tampoco está cumpliendo con su obligación de coordinar con el municipio. Esto no se puede hacer a espaldas de la institucionalidad”, señaló.

“Aquí también hay víctimas esperando reparación”

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Durante su declaración, el alcalde hizo un llamado de atención sobre la situación de las más de 5.600 víctimas del conflicto que actualmente residen en Puerto Boyacá. “Yo también soy hijo de una víctima del conflicto. Mi padre fue desplazado en los años 70. Como muchos otros, murió trabajando para sacar su familia adelante. ¿Cuándo van a ser escuchadas nuestras víctimas?”, cuestionó Urrea.

Aclaró que su posición no es contra las familias trasladadas, sino contra la falta de planificación y respeto por el municipio. “Aquí no hay discriminación. Aquí hay un reclamo justo: también queremos justicia, también necesitamos inversión y presencia del Estado. No es posible que Puerto Boyacá siga siendo invisible para el Gobierno Nacional”.

Denuncias por amenazas y desinformación

El alcalde también denunció que ha sido objeto de amenazas y campañas de desinformación en redes sociales, donde ha sido falsamente vinculado con grupos armados y acusado de haber facilitado el traslado de estas familias. “Rechazo esos señalamientos. La Alcaldía no entregó el predio. Esa es una competencia exclusiva del Gobierno Nacional. No se puede generar un conflicto entre víctimas por decisiones tomadas sin diálogo”, advirtió.

Urrea aseguró que su deber es defender los derechos de toda la población y buscar soluciones que beneficien a todos por igual. “Aquí todos hemos sido víctimas. Y todos merecen garantías. Pero eso no se logra sin diálogo ni coordinación institucional”, dijo.

El mandatario hizo un llamado urgente al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Defensa, a la ANT, a la Unidad de Víctimas, a la Gobernación de Boyacá y a los congresistas del departamento para que visiten el municipio y escuchen a la comunidad. “Necesitamos una presencia real del Estado. No más decisiones desde Bogotá sin tener en cuenta a Puerto Boyacá. Este territorio también merece respeto y atención”.

¿Qué dicen las familias desplazadas del Catatumbo?

Un grupo de familias víctimas del conflicto armado, provenientes de la región del Catatumbo, denunció públicamente una campaña de estigmatización en su contra tras su reciente llegada a la vereda Las Pavitas, zona rural de Puerto Boyacá, donde fueron beneficiarias de un proceso de adjudicación de tierras por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Las familias, desplazadas por la violencia en el nororiente del país, recibieron el predio Las Palmas como parte de las medidas de reparación y restitución, pero afirman que desde su arribo han sido señaladas injustamente como invasoras.

“No somos invasores de propiedad privada. Este predio nos fue entregado por la ANT tras un proceso legal de compra. Venimos con la esperanza de reconstruir nuestras vidas”, declaró uno de los voceros del grupo.

Los beneficiarios del predio aseguran que han sido objeto de comentarios discriminatorios y acciones hostiles por parte de algunos sectores del municipio, lo cual consideran una nueva forma de revictimización. “Ya fuimos desplazados una vez por la guerra. Hoy estamos siendo estigmatizados por querer vivir en paz. Solo buscamos un lugar digno para nuestras familias”, expresaron.

En su comunicado público, difundido este 6 de abril, los campesinos insistieron en que su presencia en el territorio es fruto de una lucha legítima por el acceso a la tierra, uno de los reclamos históricos más relevantes del conflicto colombiano.

“La tierra en Colombia ha estado concentrada en pocas manos. Nosotros, como campesinos desplazados, también tenemos derecho a sembrar, trabajar y vivir sin miedo”, señalaron.

El grupo hizo un llamado al Ministerio de Defensa Nacional para que active mecanismos de protección, y solicitó a la Agencia Nacional de Tierras y a la Unidad para las Víctimas que acompañen el proceso con enfoque territorial y comunitario.

Finalmente, extendieron un mensaje de reconciliación a la comunidad de Puerto Boyacá: “Queremos que nos conozcan, no venimos a dividir, venimos a construir. Para la paz, todo; para la guerra, nada”.