Admiten acción popular contra el municipio de Montería por las Zonas de Estacionamiento Regulado
Un juzgado admitió la demanda contra el Municipio de Montería, entre otros aspectos, por presunta afectación a derechos colectivos.
Devier Acosta Pimienta interpuso una acción popular contra el Municipio de Montería.
Montería
El Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Montería admitió una acción popular presentada por el abogado y exconcejal Devier Acosta Pimienta contra el Municipio de Montería.
El recurso legal cuestiona el Acuerdo Municipal No. 042 de 2018 que creó la Empresa de Servicios de Estacionamiento de Montería, lo que hoy se conoce como Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER), alegando cuatro violaciones a derechos colectivos.
La acción fue presentada el 26 de marzo de 2025, pero inicialmente inadmitida por falencias en su formulación. El demandante subsanó los errores dentro del plazo de tres días concedido por el juzgado, lo que permitió su reestudio y posterior admisión.
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El exconcejal argumenta que el acuerdo permite una privatización encubierta del espacio público al otorgar a socios privados un control desproporcionado sobre la gestión de estacionamientos, afectando el derecho ciudadano al uso y disfrute de estos espacios. Además, denuncia falta de transparencia en la selección de operadores, ausencia de mecanismos de control y supervisión, y posible discrecionalidad en la fijación de tarifas, lo que dañaría la moralidad administrativa.
La acción también señala que el acuerdo no incluyó participación ciudadana en decisiones sobre el espacio público y carece de criterios claros para la selección de operadores, generando riesgos de corrupción. Como medida cautelar, se solicita suspender los efectos del Acuerdo 042 de 2018 hasta que se resuelva el caso.
El juez César de la Cruz Ordosgoitia ordenó notificar al Municipio, al Ministerio Público y a la sociedad Nuestro Espacio Montería S.A.S., operadora de las Zonas de Estacionamiento Regulado (ZER).
Las partes tienen hasta el 13 de abril para contestar la demanda y podrán solicitar pruebas. Según el abogado Devier Acosta Pimienta, este caso podría sentar un precedente sobre la protección del espacio público y la transparencia en contratos de gestión urbana en Montería.
Cuatro derechos presuntamente vulnerados
- Derecho al espacio público: La demanda sostiene que el acuerdo permite una “privatización encubierta del espacio público”, al otorgar a socios privados un “control desproporcionado sobre la gestión del servicio de estacionamiento”, lo que afecta el derecho de los ciudadanos a usar y disfrutar de estos bienes comunes.
- Moralidad administrativa: El exconcejal argumenta que hubo falta de transparencia en la selección de los socios privados, ausencia de mecanismos de control y supervisión, y posible discrecionalidad en la fijación de tarifas, lo que configuraría un daño a la ética pública.
- Participación ciudadana: Según la demanda, el acuerdo no incluyó mecanismos de participación ciudadana en decisiones sobre la gestión del espacio público, violando el derecho de la comunidad a incidir en asuntos que afectan su entorno.
- Transparencia y rendición de cuentas: Se denuncia que la falta de criterios claros en la selección de operadores y la ausencia de controles generan riesgo de corrupción y malversación, afectando el derecho a una administración pública transparente.
