Exclusivo: Exmilitar admite ante la JEP secuestro y asesinato extrajudicial en 1987

Bernardo Alfonso Garzón, ex suboficial de inteligencia del Ejército Nacional, reconoció ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) su participación en la desaparición forzada y asesinato de la militante del M-19, Nydia Érika Bautista, ocurrido en agosto de 1987.

La diligencia se llevó a cabo en el marco de los casos 06 y 08, que investigan crímenes cometidos por agentes del Estado en alianza con estructuras paramilitares durante el conflicto armado.

Garzón relató cómo ofreció la finca de sus padres, ubicada en zona rural de Soacha, como sitio para retener ilegalmente a Bautista, luego de que fuera secuestrada por un grupo de operaciones especiales del Ejército. La víctima permaneció allí durante dos días, esposada y vendada, antes de ser trasladada a una zona cercana a Guayabetal (Cundinamarca), donde fue ejecutada por el cabo segundo Donéis Verón Wilson, según su testimonio.

El exagente también confesó haber participado en el seguimiento que permitió su captura y describió con detalle el momento en que presenció el disparo mortal. Señaló a otros integrantes del Ejército como partícipes de la operación y mencionó al general Álvaro Velandia Hurtado como una de las personas que tuvo conocimiento de los hechos.

Durante la audiencia, Garzón intentó presentar a Bautista como colaboradora del Ejército mientras estuvo detenida en instalaciones militares en Cali. Sin embargo, tras la intervención del Ministerio Público y la representación de víctimas, retiró esa afirmación por falta de pruebas. Las víctimas rechazaron lo que consideraron una tentativa de estigmatización y exigieron verdad plena sobre lo ocurrido.

El compareciente también reconoció que en 1991 había entregado una versión similar ante la Procuraduría, pero se retractó posteriormente tras recibir presiones por parte de altos oficiales como Velandia Hurtado, Iván Ramírez Quintero y Bernardo Ruiz.

Para la familia de Nydia Érika Bautista y su fundación, la versión de Garzón aún presenta omisiones y vacíos que impiden el esclarecimiento total del caso. Hicieron un llamado a la JEP para que exija el cumplimiento del régimen de condicionalidad, en particular la entrega de información sobre el paradero de otras personas desaparecidas como Cristóbal Triana.

Este caso se suma a los testimonios ya recogidos por la JEP sobre la existencia de un plan sistemático de persecución contra miembros del M-19 y la Unión Patriótica, ejecutado desde unidades como el Batallón Charry Solano y la Brigada XX, con la participación de altos mandos militares.

Bernardo Garzón se convierte en el segundo exintegrante de la Brigada XX en confesar ante la JEP la ocurrencia de operativos al margen de la ley cometidos por unidades militares comandadas por oficiales como Iván Ramírez Quintero, Álvaro Velandia y Harold Bedoya, realizadas por miembros de los grupos de seguimiento y “operaciones especiales”.

Esto, tras las manifestaciones realizadas por el sargento José Leonairo Dorado, quien fue el primero en mencionar ante la JEP su participación y la de decenas de miembros del Ejército en seguimientos, secuestros, asesinatos, sicariato y desapariciones de militantes de izquierda (UP, M-19, EPL) desde 1985 hasta finales de la década de los noventa.

Cabe decir que Garzón rindió esta declaración, más de 35 años después de los hechos, aceptando que en el pasado se había retractado por solicitud de varios generales, de acuerdo con lo publicado hace unos días por la Fundación Nydia Érika Bautista.

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