Procuraduría pide debates previos a resolución sobre el uso del suelo en el Suroeste antioqueño
El ente de control exigió diálogos con la participación de los habitantes del suroeste de Antioquia.
Agricultura y uso del suelo. (Imagen referencial). Foto: MinAgricultura.
La Procuraduría emitió comentarios respecto al proyecto que busca declarar una zona de reserva natural en el Suroeste antiqueño, que abarca 37.365 hectáreas en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada.
El ente de control insistió en la necesidad de respetar los derechos adquiridos, recordando que el Consejo de Estado ha anulado contratos mineros firmados después de la delimitación de zonas excluibles de minería, mientras que ha protegido aquellos suscritos previamente.
Aunque la propuesta de resolución aclara que la reserva no afectará títulos mineros ni permisos ambientales vigentes, la Agencia Nacional de Minería (ANM) señaló la importancia de la zona para la transición energética debido a la presencia de cobre, lo que podría generar tensiones entre las políticas de conservación ambiental y los intereses del sector minero.
Asimismo, la Procuraduría insistió en la correcta interpretación de la Sentencia de la Ventanilla Minera, que establece que los títulos mineros deben respetar los territorios estratégicos desde el punto de vista ambiental, requiriendo estudios previos antes de aplicar restricciones.
En este contexto, recordó que la sentencia fijó un plazo hasta septiembre de 2024 para identificar los ecosistemas en los que la minería debe ser restringida o prohibida antes de decretar reservas temporales.
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Abrir espacios de consulta
La Procuraduría insistió en la necesidad de abrir espacios de consulta pública que incluyan a comunidades, pequeños mineros y entidades territoriales, promoviendo un diálogo amplio que facilite la construcción de consensos y brinde mayor legitimidad a las decisiones ambientales que se adopten.
Hay que recordar que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó y demandó la resolución del Ministerio de Agricultura, que busca delimitar el uso del suelo.
Desde Intergremial, que agrupa 35 gremios, advirtieron que esto afectará la competitividad del departamento y provocará una parálisis en los sectores productivos.
