El Gobierno Nacional aprobó política que busca garantizar los derechos de la población LGBTIQ+

El Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Igualdad y Equidad anunciaron la aprobación del CONPES de la Política Nacional para la Garantía de los Derechos de la Población LGBTIQ+.

Con un presupuesto de 250 mil millones de pesos, esta política establece 167 acciones que serán implementadas entre 2025 y 2035, las cuales tienen como objetivo reducir barreras económicas, sociales, culturales e institucionales, así como erradicar violencias basadas en prejuicios para esta población.

“Estas dinámicas limitan el goce efectivo de derechos de la población LGBTI y se materializan de forma diferenciada a nivel territorial e interseccional. De 2025 a 2035 buscamos garantizar el goce efectivo de todos los derechos y el acceso a una ciudadanía plena para las personas de los sectores sociales LGBTIQ. Esta política es una realidad y el Estado tiene la obligación de proteger a las personas de los sectores sociales de la discriminación y de sus efectos tanto materiales como simbólicos”, aseguró Anne Mendoza Subdirectora de Género del Departamento Nacional de Planeación.

El CONPES propone disminuir las representaciones, estereotipos y narrativas discriminatorias que afectan a la población LGBTIQ+, además busca aumentar las oportunidades en áreas clave como la educación, la salud, el empleo y la participación política para la misma.

Además, la subdirectora de Género también celebró esta decisión e invitó a las organizaciones sociales a apropiarse del documento para de esta forma garantizar y reconocer la diversidad que existe en el país.

“Para que unidos trabajemos por un país inclusivo y respetuoso, en el que se reconozca la diversidad que nos constituye”, aseguró.

El proceso incluyó 23 encuentros regionales en 2023 para recoger las propuestas de la sociedad civil, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de esta población.