Congresista denuncia al alcalde de Soacha por presuntamnete incumplir Ley ‘Chao marcas de Gobierno’
La representante a la Cámara Alexandra Vásquez advirtió que el mandatario local vulneró el principio de austeridad de dicha ley
Alcaldía de Soacha. Cortesía: Prensa representante a la cámara Alexandra Vásquez
Colombia
La representante a la Cámara, Alexandra Vásquez, radicó una denuncia disciplinaria ante la Procuraduría, en contra el alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, por incumplir, presuntamente, la Ley ‘Chao Marcas de Gobierno.
Según advirtió la congresista, el mandatario local ha estado replicando su nombre, plan y marca de gobierno en distintos eventos de su administración, vulnerando el principio de austeridad establecido en dicha Ley, según el cual se prohíbe todo gasto en la publicidad de naturaleza estatal, que tenga el objeto de autopromocionar la imagen de funcionarios del gobierno nacional o territorial.
“El eslogan usado durante la campaña, “Soacha es mi plan”, el alcalde lo ha venido adaptando y utilizando ya ejerciendo en el cargo. “El desarrollo es el plan”, “Volver al cole es el plan” y “La educación es el plan”, son algunos de estos mensajes, que, en gorras, mochilas de kits escolares, afiches, banderas, carpetas e incluso en un bus se pueden leer”.
Agregó Vázquez en su denuncia que que mientras la alcaldía de este municipio ha recortado recursos en necesidades como acueducto y alcantarillado, los contratos que se han firmado para publicidad desde agosto de 2024 hasta la fecha, ya han comprometido más de $ 540 millones de pesos.
“Estos contratos han sido ejecutados en períodos cortos, muchos con vigencias de cuatro meses, sin justificación del impacto y necesidad en comparación con las urgentes necesidades sociales que enfrenta el municipio. La contratación de servicios como backing con estructura araña por más de siete millones de pesos, 20 banderas tipo gota por más de trece millones de pesos, 900 microperforados por más de veinticinco millones de pesos, sugiere un posible desbalance entre el principio de austeridad y la real necesidad de gasto público en comunicación institucional”.
Lo que pide entonces la congresista a la Procuraduría es que se inicie una indagación preliminar y también, una posterior investigación disciplinaria.
