Catatumbo tuvo más desplazados entre enero y febrero de 2025 que toda Colombia en 2024

La ONG Human Rights Watch publicó un informe en el que denuncia que los grupos armados que operan en la región de frontera con Venezuela, en particular en el Catatumbo, han cometido “graves abusos” contra los habitantes de esta zona que se ha convertido en una región en disputa entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, señala que la investigación apunta a que “el ELN está cometiendo abusos generalizados contra la población civil en su intento por recuperar el control del Catatumbo (...) Las víctimas que entrevistamos también detallaron graves abusos cometidos por el Frente 33, incluyendo reclutamiento de niños y trabajos forzados, y una grave desprotección por parte de las autoridades estatales”.

Desplazamientos masivos

Desde que las autoridades nacionales comenzaron a registrar los desplazamientos en 1997, las cifras de la Defensoría del Pueblo indican que los desplazamientos en la frontera han sido “el mayor incidente de desplazamiento forzado”.

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Según las autoridades de Norte de Santander, “más de 56.500 personas, es decir, más del 14 % de la población de la región, han sido desplazadas forzosamente (...) Esta cifra es mayor a la de personas que fueron desplazadas forzosamente debido a la violencia en toda Colombia durante el 2024, según las estimaciones de OCHA”.

Se alerta que si bien en el Catatumbo solo vive el 0,7% de la población colombiana, “el número de desplazados representa el 93 % de todos los desplazamientos forzados en lo que va de 2025″.

“Aunque la mayoría de las personas huyeron por miedo a ser atacados o quedar atrapados en el fuego cruzado, muchos habían sido amenazados por miembros del ELN o del Frente 33. Algunas personas entrevistadas por Human Rights Watch dijeron que, tras ser desplazadas, la gente de sus comunidades les había dicho que el ELN había destruido sus propiedades o se había apoderado de sus casas”, resalta HRW.

Reclutamiento de menores

HRW reporta que entre “el 1 de enero y el 19 de febrero, las autoridades colombianas recuperaron a 44 menores, la mayoría en poder del Frente 33. Probablemente se trate de una fracción del número total de niños en manos de los grupos armados. Según el ICBF, entre los menores recuperados hay niños nacidos en varias partes de Colombia, así como al menos cuatro nacidos en Venezuela”.

Luego del inicio de los enfrentamientos entre grupos armados, “más de 46.900 niños de los municipios del Catatumbo no pudieron asistir al colegio durante semanas, lo que los expuso a un mayor riesgo de reclutamiento” y por cuenta de esta violencia, cientos de profesores también han escapado del Catatumbo.

Asesinatos, secuestros y desapariciones

HRW recibió múltiples denuncias de asesinatos de civiles y “en la mayoría de los casos, los grupos armados buscaron a las víctimas en su casa o lugar de trabajo. En varias ocasiones, los combatientes a mataron a las personas en las carreteras y prohibieron a sus familias y otras personas retirar sus cuerpos”.

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Según cifras de la Policía Nacional, la cifra de homicidios en la región del Catatumbo aumentó drásticamente durante 2025. Durante los primeros dos meses de 2025, la tasa de homicidios fue casi cuatro veces mayor que las reportadas en 2024.

En el promedio mensual de homicidios entre 2012 y 2025 se indica que 2015 fue el año con menos homicidios bajo un promedio de 9, mientras que el más alto ha sido en 2025 (en dos meses) con 39 homicidios.

Control social

Las personas entrevistadas por HRW denunciaron que “el Frente 33 utilizó el cese al fuego y el anuncio de los planes conjuntos de desarrollo local para ampliar su control sobre las comunidades. Muchos nos contaron que el Frente 33 tiene lo que describen como “campamentos de resocialización”, donde las personas que consideran que han infringido sus normas (por ejemplo, consumiendo drogas o apoyando al Ejército) son obligadas a realizar trabajos forzados”.

En medio de esta situación, los habitantes del Catatumbo también sufren altos niveles de pobreza ubicándose 3,4 veces por encima del promedio nacional, esta situación también es aprovechada por los grupos irregulares, por ejemplo, el Frente 33 “ha financiado la reparación de puentes, centros de salud y colegios y ha repartido regalos de Navidad a los niños”.

Las recomendaciones de HWR

La ONG pide al gobierno Petro:

• Diseñar e implementar una política de seguridad y justicia eficaz y respetuosa con los derechos para proteger a la población del Catatumbo de los grupos armados.
• Garantizar que cualquier acuerdo de cese al fuego incluya salvaguardias concretas y adecuadas para proteger a los civiles.
• Abstenerse de implementar planes de desarrollo rural con la participación de grupos armados que puedan poner en peligro a la población civil.
• Tomar medidas para proteger a las personas desplazadas y garantizar que cualquier retorno al Catatumbo sea voluntario, digno y seguro.

A la Fiscalía General

• Dar prioridad a la investigación de los abusos cometidos por los grupos armados en el Catatumbo, tanto antes como después del 16 de enero.
• Aumentar el número de fiscales e investigadores en el Catatumbo y tomar medidas para garantizar su protección.

Y a las agencias humanitarias internacionales

• Proporcionar un apoyo adecuado a las agencias y organizaciones humanitarias en el Catatumbo para garantizar una asistencia suficiente a los miles de desplazados y en posibles desplazamientos futuros.