Jueces chocan con Trump sobre Usaid y personas trans en el Ejército

Una jueza estadounidense bloqueó la orden ejecutiva dictada por el presidente de EE.UU., Donald Trump, contra las personas transgénero en las fuerzas armadas del país.

La resolución de la magistrada Ana Reyes tiene como objetivo mantener el statu quo existente sobre los transgénero en el Ejército antes de los cambios establecidos a finales de enero por la nueva Administración republicana.

La orden de Trump

En su orden ejecutiva 14183, Trump estipuló que identificarse con un género diferente del sexo asignado a un individuo “entra en conflicto con el compromiso de un soldado con un estilo de vida honorable, veraz y disciplinado, incluso en su vida personal”.

Según ese documento, el uso de pronombres incompatibles con el sexo asignado comprometía “la capacidad del Gobierno de establecer estándares elevados de preparación de las tropas, letalidad, cohesión, honestidad, humildad, uniformidad e integridad”.

Por el bien de Estados Unidos y de los estadounidenses que se alistan para servir al país, el servicio militar debía reservarse a aquellos “mental y físicamente aptos para el deber”.

Bloqueo que choca con Musk

Un juez federal estadounidense consideró este martes que la decisión del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de cerrar de forma permanente la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) es “probablemente inconstitucional” y pidió de forma preliminar cesar los esfuerzos para continuar su desmantelamiento.

El magistrado Theodore Chuang consideró en su escrito que las acciones emprendidas para acabar con esa organización “de forma acelerada (...) probablemente violaron la Constitución estadounidense de múltiples maneras”, perjudicando no solo a los demandantes, sino también al interés público.

Al hacerlo, añadió, privaron a los representantes electos por el Congreso de su autoridad constitucional para decidir el cierre de una agencia, el momento y la manera.

Restaurar Usaid

Para limitar el impacto del probable cierre inconstitucional de Usaid, Chuang añadió que solicitará a los integrantes del DOGE que restauren a sus trabajadores el acceso a correo, pagos, notificaciones de seguridad y otros sistemas electrónicos.

De cara al futuro, privó a los empleados del DOGE participar en cualquier nueva reducción de plantilla o cese de contratos en la misma.

La decisión judicial de este martes va dirigida específicamente contra Musk y el personal del DOGE al considerar que no tenían la autoridad necesaria para tomar tales medidas, pero su efecto podría verse revertido si desde la Administración de Donald Trump alguien con la potestad para hacerlo se pronuncia en la misma línea.

La demanda civil fue presentada por trabajadores a los que se les cesó el contrato contra el DOGE y el magnate Elon Musk, que está al frente del mismo.