Tribunal Superior de Ibagué revive reubicación de familias que están sobre el gasoducto de Ibagué
Desde el año 2015 la Corte Constitucional ordenó a través de un fallo de acción de tutela que reconoció los derechos fundamentales de la señora Myriam Patricia Manosalva Rodríguez, a la reubicación, lo que de paso favorece a 350 familias.
Daño en el gasoducto en Ibagué
Ibagué
En diálogo con Caracol Radio, el exconcejal, Humberto Quintero, reveló que el Tribunal Superior de Ibagué, revivió el caso de la reubicación de las 350 familias que viven sobre la línea de conducción de la red de propiedad de la empresa Progasur en la comuna 9 de la capital del Tolima.
Desde el año 2015 la Corte Constitucional ordenó a través de un fallo de acción de tutela que reconoció los derechos fundamentales de la señora Myriam Patricia Manosalva Rodríguez, a la reubicación, lo que de paso favorece a 350 familias que tienen construidas sus viviendas sobre la línea de conducción.
Decisión que incluso en su momento detuvo los desalojos que tenía previstos la inspección Novena de Policía para retirar a las personas que residen en este corredor que va desde Picaleña hasta la zona de Mirolindo.
Pero luego de una década, el municipio no ha cumplido, situación que llevó a que el Tribunal Superior de Ibagué revisara el auto de archivo del desacato que se había accionado contra el municipio y la Gestora Urbana por no dar la viabilidad a este proceso a través del desarrollo de un proyecto urbanístico para beneficiar a esta familias.
“El Tribual Superior le ordena al Juzgado de origen que reabra el proceso, inicie el desacato y revise y si hay programas de vivienda en el municipio para cumplir con esta orden”, aseguró Quintero.
Según el exconcejal de Ibagué, son más de 4 administraciones que ha tenido Ibagué las cuales no han adelantado proyectos de vivienda con el sustento que no hay recursos para desarrollarlos, situación que deberá ser demostrado en los estrados judiciales.
Quintero recordó que al reabrir nuevamente la orden de desacato el municipio se verá obligado a cumplir con dar a conocer si hay o no proyectos de vivienda para las personas menos favorecidas, además proceder a reubicar o indemnizar y finalmente hacer control para evitar que más personas se sigan asentando en este sector de Ibagué.
A la vez manifestó que luego de esta determinación del Tribunal Superior de Ibagué, la Alcaldía deberá cumplir con las solicitudes de la justicia porque si no se procederá a sancionar a los funcionarios que atiendan este llamado.
Dato: Humberto Quintero aseguró que el objetivo es hacer cumplir el fallo de la Corte Constitucional.