Gobierno expide decreto para desvincular a familias que dependen de cultivos ilícitos: ¿qué plantea?
El objetivo de esta medida, presentada en medio del estado de conmoción interior, busca promover el tránsito de estas comunidadesa economías lícitas.
Cultivos de coca en Colombia, imagen de referencia. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images) / RAUL ARBOLEDA
Colombia
La Presidencia de la República publicó el decreto 0180 del 2025, con el cual se adoptan medidas excepcionales para desvincular a las famlias que dependan de cultivos de uso ilícito y promover su tránsito a economías lícitas, en el marco del estado de conmoción interior decretado para atender la crisis humanitaria en el Catatumbo.
El decreto se fundamenta en la necesidad de abordar la crisis humanitaria en esta región, reconociendo que la dependencia económica de estos cultivos ha llevado a situaciones de vulnerabilidad extrema para las comunidades afectadas.
Por ello se implementará un pago de hasta un salario mínimo mensual por erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, con el objetivo de incentivar a las familias a dejar estas actividades y comenzar a participar en economías legales. “Estos pagos estarán condicionados a la erradicación total, voluntaria y verificable de los cultivos de uso ilícito en la totalidad del área sembrada; la no resiembra comprobada; y el inicio o fortalecimiento de una economía lícita, para lo cual el Estado hará la entrega de activos productivos, maquinaria y asistencia técnica necesaria”.
Además, se buscará la inclusión de mujeres como beneficiarias de estos programas. “Se priorizarán proyectos productivos asociativos o agroindustriales que sean encabezados por mujeres. Los pagos se entregarán prioritariamente a los núcleos familiares cuya cabeza sea mujer, siendo esta la beneficiaria titular de las mismas”.
La normativa también establece la exención del IVA para “bienes y servicios importados, enajenados o suministrados en el marco de las estrategias que establezca la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos (DSCI) para facilitar la transición a una economía lícita de los núcleos familiares descritos en el artículo primero del presente decreto. Esta medida aplicará a los materiales, insumas agropecuarios y maquinaria agrícola necesaria para la implementación de acciones productivas de sustitución”.
De igual forma se busca la flexibilización de requisitos administrativos para el acceso a financiamiento. “Durante la vigencia del estado de conmoción interior, las entidades financieras podrán flexibilizar las condiciones de crédito a la población vulnerable. La Superintendencia Financiera dará instrucciones para la utilización de fuentes alternativas de información para el análisis de riesgo crédito y sobre mecanismos de atención e inclusión para el consumidor financiero y otras medidas relacionadas con este apartado”.
El decreto, explican desde el Gobierno, busca no solo desincentivar el cultivo de coca, sino también ofrecer alternativas productivas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades, dado cumplimiento a los acuerdos de paz. “Se trata de un esfuerzo integral para abordar la problemática de los cultivos ilícitos y sus consecuencias sociales y económicas en Colombia”. El dinero saldrá del Presupuesto General y el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, además de recursos de cooperación y donaciones.
