¿Subirá la cuota de administración en 2025? Pilas a la normativa que regula este incremento
El pago de la administración para propiedad horizontal respalda gastos como la seguridad, el mantenimiento y la conservación del mismo.
De acuerdo con la base del incremento del salario mínimo que se realiza anualmente, se ajusta las cuotas de administración en los conjuntos residenciales. Teniendo en cuenta que para este 2025, el sueldo mínimo aumentó un 9,54%, el alza representa un tema importante para los pagos mensuales que deben realizar los residentes con la administración.
Cabe destacar que el pago de la administración lo realizan los propietarios, de esta manera se respaldan gastos para la propiedad horizontal, entre ellos está la seguridad, el mantenimiento y la conservación del mismo. Además del cuidado de zonas comunes como los pasillos, escaleras, entrada, recepción o lobby, patios, jardines, piscinas, canchas deportivas, salones de usos múltiples, estacionamientos, entre otros.
¿Qué define el aumento de la cuota de administración en 2025?
El aumento del salario mínimo y el IPC suelen ser factores importantes para determinar el aumento. En el caso de algunas propiedades horizontales, ponen a votación cuál de las dos variables influyen en el incremento de la cuota de administración. Lo anterior se define en asambleas de propietarios, donde se discute el ajuste.
¿En cuánto podría aumentar la cuota mensual de la administración?
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Como se mencionó anteriormente, con el incremento del 9,54%, si la asamblea decide que será basándose en el salario mínimo, es probable que una cuota mensual de $150.000 en 2024 se ajuste a $164.310 en 2025. Sin embargo, las asambleas de propietarios también podrían considerar como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que para noviembre de 2024 se ubicó en 5,2%. Este indicador, que refleja el nivel general de precios de la economía, puede influir en la decisión final sobre el ajuste de las cuotas.
De acuerdo con la Ley 675 de 2001, el cálculo de las cuotas de administración se fundamenta en el coeficiente de copropiedad, un indicador que determina la participación proporcional de cada propietario en las zonas comunes del conjunto residencial, teniendo en cuenta el tamaño y características de su unidad privada.
¿Quién paga los servicios de zonas comunes en edificio?
Pues bien, inicialmente la facultad o responsabilidad está en los administradores manejar esos recursos, sin embargo, los servicios públicos comunes, es decir, todo lo que corresponde al acueducto, energía y gas en las zonas comunes y en el espacio público interno de las unidades inmobiliaria cerradas son pagados por el propietario, dentro de la administración que se paga, con cargo al presupuesto general. Lo anterior está ligado a la ley que compromete al artículo 32 del cual se expide el régimen de propiedad horizontal.
¿Quién responde por los daños causados en una propiedad horizontal?
En primera instancia, si la copropiedad está recién construida, la responsabilidad recae netamente en la constructora, puesto que está en la obligación de entregar el edificio en condiciones óptimas para ser habitada. Para ello, según la Ley 1480 de 2011, hay un plazo máximo de un año para reclamar aspectos como la pintura, acabados u elementos eléctricos. Y si son daños que implican la afectación completa del bien y ponen en riesgo la estructura, se darán 10 años de garantía.
En segunda instancia, para abordar cualquier problema que surja, es crucial determinar la causa de origen. Si se debe a un uso indebido o negligencia por parte de algún residente, este será responsable de los costos de reparación o reemplazo. Por otro lado, si el problema es resultado de un evento imprevisto o falla en las instalaciones, la responsabilidad recae en la copropiedad y, por ende, en todos los residentes.
Además, es esencial que el reglamento o manual de convivencia especifique los horarios, condiciones y responsabilidades para cada zona común, de modo que todos los copropietarios y sus visitantes estén informados sobre el uso adecuado de los espacios y las posibles consecuencias en caso de daños.