¿Qué viene para el país tras la aprobación de la reforma al SGP?

En Hora20 una mirada a fondo a lo que viene para las regiones y la estabilidad fiscal del país tras la aprobación de la reforma al Sistema General de Participaciones, la cual modifica el monto de transferencias de la nación a las regiones. El debate a lo que viene en términos de responsabilidades, capacidades en las regiones y con la ley de competencias que definirá las nuevas responsabilidades para los entes territoriales.

Lo que dicen los panelistas

Julian López Murcia, experto en temas regulatorios y descentralización, autor de Recentralisation in Colombia y consulto de la Misión de Descentralización, señaló que la reforma casi iba a darse, “hubo reclamos sobre las funciones y se dio en la coyuntura de un descenso importante de ingresos del Gobierno nacional; cuando eso pasa, se abren las puertas para la descentralización”. En ese sentido, dijo que el tema era cómo iba a darse una buena reforma, “esto no es sólo un porcentaje porque se necesitan capacidades, pero sí se incluyeron mejoras durante el tránsito del proyecto como competencias o salvaguardas a analistas internacionales”. Resaltó que es importante asegurarse que la ley de competencias sea una buena ley, “algunos presionarán para que no salga  en los mejores términos para la ciudadanía porque hay un contexto clientelista y esta ley no puede quedar solo en manos de políticos y tecnócratas”.

También denunció que al país le costó más de $20 mil millones la Misión de Descentralización, “decenas de consultores trabajaron y hoy sólo hay un resumen en la página del PNUD y esos insumos no se han aprovechado”.

Para Erika Sabogal Castro, exsecretaria de Hacienda de Cundinamarca. Especialista en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y magister en Derecho Público, este debate sobre descentralización llevaba más de 30 años pendiente, “era necesaria la discusión de descentralización, quizás el cómo debería ser diferente, pero reconocemos que el país ponga sobre la mesa este debate”. Explicó que cuando se distribuyen los recursos en las distintas entidades del nivel subnacional se encuentra un triángulo de oro, el cual se ubica en el centro del país y es donde se da una concentración del PIB. También manifestó que entrando en la discusión de la ley de competencias, es importante tener en cuenta la categorización, “no podemos clasificar sólo bajo población, se debe categorizar de cara a indicadores económicos, sociales y ambientales”, en esa medida, comentó que las asimetrías se deben corregir en el SGP para buscar igualdad, “también son capacidades porque Chigorodó no tiene la misma capacidad de Chía, es cómo definimos las capacidades y estructura administrativa”. De otro lado, dijo que el 60% de ingresos departamentos son transferencias del SGP, “debemos crecer en tributos e impuestos de entidades territoriales y corregir problemas”.

Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, exdirector del Departamento Nacional de Planeación y economista, dijo que no es tan optimista con la idea de que ley de competencias resuelva el problema fiscal, “cuando se mira el tamaño de transferencias, ya sin reforma en el mediano plazo las transferencias crecerían hasta $17 billones anuales”, de otro lado, dijo que con la reforma se incrementaría en $34 billones anuales las transferencias, “el tamaño del problema es cercano a los $51 billones de pesos y eso se sale de toda proporción, solo toca compararlo con el presupuesto de inversión en 2025 que es de $44 billones”.

En esa medida, comentó que no hay ley de competencias que resuelva un problema del tamaño que tenemos, “será imposible tener recursos por $51 billones para transferir sin afectar el déficit fiscal”. También dijo que es imposible encontrar $51 billones nuevos para transferir porque el presupuesto tiene inflexibilidad muy grande, “son grandes rubros, son pensiones, servidores públicos, servicio de deuda y FF. MM y nada de eso se puede descentralizar”.

Insistió que se necesitará una contrarreforma constitucional porque será imposible materializar esos 39,5% de transferencia a las regiones.

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, manifestó que hoy $82 billones pasan de la nación a municipios y departamentos al año, en los próximos 12 años serían $220 billones, “para que sea viable se debe quitar la competencia que vale tanta plata al año”. Destacó que la aprobación de la reforma implica un reto fiscal de sostenibilidad, eficiencia y rediseño del Estado, “la nación se tiene que adelgazar, pasar a lo departamental y municipal, si eso no se hace, se duplica el esfuerzo y ahí no habrá bolsillo que aguante”. También habló sobre el desarrollo de capacidades, pues dijo que el 44% de municipios del país no tiene la planta suficiente o capacitada, “eso no es sólo girar el cheque, hay que entregar capacidades”.

José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, manifestó que se reconoce el valor y la necesidad de avanzar en la descentralización y autonomía fiscal en los territorios, “el orden para este proceso es inadecuado. Nos pusimos primer los zapatos y después las medias. Primero se debió definir competencias con qué recursos contábamos y ahí sí definir el valor; hacerlo al contrario es inconveniente”. De otro lado, habló sobre los efectos económicos, pues destacó que los inversionistas no entienden la película, “la carpintería de precisión es importante en la ley de competencias y entrar al detalle y ver cómo se fortalecen capacidades y cómo hacer monitoreo a los recursos para que no se pierdan”.

Por último, dijo que ya aprobada la reforma, ahora hay que mitigar riesgo y minimizar el impacto fiscal, “no me gusta la propuesta pero toca mitigar riesgo, entonces toca es fortalecer capacidades de entes territoriales para administrar recursos”.