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Se cae el nombramiento de tres magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial

Según el abogado Daniel Neira, esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca puede ser apelada ante el Consejo de Estado.

Sala de audiencias unidad administrativa especial de la justicia penal militar y policial- Vanessa Porras

Tolima

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del decreto 700 por medio del cual se había designado a tres magistrados de la Justicia Penal Militar y Policial en el año 2023.

Según el abogado, Daniel Neira, el Ministerio de Defensa y la Presidencia de la República cometieron el error de designar en este tribunal de la Justicia penal Militar y Policial a 4 miembros del Ejército y 2 integrantes de la Fuerza Aérea dejando sin representación a la Policía Nacional.

Se ha logrado tumbar el nombramiento de tres magistrados del Tribunal Militar y Policial por ser abiertamente irregular, la normatividad obliga a que este tipo de salas estén conformadas no solo por miembros de las Fuerzas Militares sino también miembros de la Policía Nacional”, dijo Daniel Neira.

El jurista aseguró que actualmente hay dos salas de decisión en el Tribunal Superior Penal Militar y Policial para un total de seis magistrados, pero ninguno es policía.

“Son cuatro del Ejército Nacional y dos de la Fuerza Aérea, lo que significa que la Policía no tiene representación y como se incumplió la ley 1765 del 2015 entonces al presidente, Gustavo Petro le corresponde escoger nuevamente magistrados de sala”, manifestó el abogado.

Los nombramientos que se caen corresponden a los magistrados José Mauricio Lara, Gustavo Alberto Suarez y Paola Liliana Zuluaga Suarez, todos militares pertenecientes a la sala de decisión.

“La norma es clara, el propio magistrado ponente, Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, dijo que la norma no permite interpretaciones por lo que, si o si debe existir una representación de la Policía en la sala”, afirmó Neira.

Dato: esta decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca puede ser apelada ante el Consejo de Estado.