Así se dio a conocer luego de un Consejo de Seguridad que se realizó en la Gobernación del Atlántico. La administración indicó que la reunión se realizará para seguir abordando el desmonte de esta caseta para que en menos de 60 días se convierta en una vía departamental y el peaje pueda ser eliminado.

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Mientras tanto, se anunció que se instalará un Puesto de Mando Unificado Ampliado y permanente para tomar decisiones en conjunto frente a las situaciones que se están registrando los últimos días con respecto a este peaje, así lo indicó Pedro Lemus, gobernador encargado.

Manifestó que se han interpuesto denuncias, tanto por parte de los manifestantes, como de la Personería de Puerto Colombia, Alcaldía de Puerto Colombia y el Concesionario Ruta Costera, y todas serán investigadas.

Pronunciamiento de Ministerios por situación en los peajes

A propósito de los hechos que se han registrado en este y otros peajes los Ministerios de Defensa, Interior y Transporte informan que:

• El Gobierno nacional está y estará siempre dispuesto a promover y a acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación. Hoy, las acciones implementadas en el país, como las tarifas diferenciales, son producto del diálogo constante con autoridades locales, comunidades y otros actores interesados.

• Para materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país se requiere de la confluencia de diversas fuentes de financiación. Las carreteras concesionadas del país se desarrollan mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales se financian mediante aportes del Estado y de los usuarios de las vías, a través del recaudo de peajes; otros proyectos carreteros se materializan a través de Iniciativas Privadas (IP), en las que la Nación no designa recursos públicos, sino que se financian de forma exclusiva mediante el recaudo de peajes.

• Desconocemos el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones. Nos preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes. El Gobierno nacional debe responder al bien general sobre el bien particular y, a partir de ahí, con base en información de contexto territorial, tomar las decisiones pertinentes.

• Reiteramos el llamado a la ciudadanía para que se haga uso del derecho a la movilización social de manera pacífica y responsable. No son aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial, y a quienes trabajan en los peajes.

• Los peajes están reglamentados a través de la Ley 105 de 1993 que en su artículo 21, modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, establece que, para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, se cobrará por su uso, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.

• Los peajes son una fuente contractual esencial para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las vías, para la movilidad y desarrollo de las regiones de Colombia. No pagar los peajes pone en riesgo la estabilidad de los proyectos carreteros y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado.

• Vale recordar que en Colombia bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37.5 SMLMV, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. Por lo tanto, como Gobierno nacional no podemos aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes.