Estados Unidos sancionó este jueves a 16 funcionarios venezolanos, incluida la presidenta de la Corte Suprema, por “fraude electoral” y por reprimir a la oposición “en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”.

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken compartió que el gobierno Biden interviene en respuesta al “fraude electoral” para que el mandatario Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas “por obstruir” las elecciones presidenciales” y “abusar de los derechos humanos”.

“Se han atribuido falsamente la victoria mientras reprimen e intimidaban a la oposición democrática en un intento ilegítimo de aferrarse al poder por la fuerza”, afirma en un comunicado.

Entre los sancionados figuran líderes de la autoridad electoral, la Corte Suprema y “la asamblea nacional afiliada a Maduro”.

Destacan Caryslia Beatriz Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Corte Suprema, Rosalba Gil Pacheco, rectora del Consejo Nacional Electoral, Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.

Los 16 funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”, sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.

Las sanciones implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.

De la mano con las sanciones, el Departamento de Estado “toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa”.

Washington asegura que “las tácticas de intimidación” del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra Edmundo González Urrutia lo obligaron a salir de Venezuela para pedir asilo en España.

Sanciones al sector petrolero

Estados Unidos ya ha impuesto sanciones a funcionarios venezolanos, incluyendo a Nicolás Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.

En abril Washington reimpuso algunas sanciones sobre el sector petrolero y del gas, tras suspenderlas varios meses para recompensar a Maduro por sentar las bases de las elecciones.

No obstante, otorga licencias individuales para operar en Venezuela a varias petroleras, como la estadounidense Chevron o la española Repsol.

El presidente del comité judicial del Senado, Dick Durbin, presentó esta semana un proyecto de ley para poner fin a “la fortaleza financiera de Maduro”.

“El régimen de Maduro actualmente utiliza los ingresos petroleros que dependen de la participación de Estados Unidos para mantener su estado policial”, afirma Durbin.