Minsalud apoyará las investigaciones de la Contraloría a EPS por manejo de recursos
El apoyo del Ministerio se basa en hallazgos de la Contraloría que revelan el uso indebido de fondos destinados a la salud, comprometiendo las reservas técnicas y la atención a los afiliados.
El Ministerio de Salud y Protección Social manifestó su apoyo a las acciones emprendidas por la Contraloría General de la República respecto a la gestión de los recursos financieros por parte de las Entidades Promotoras de Salud (EPS). Según un informe reciente de la Contraloría, se detectaron irregularidades en el uso de los fondos asignados a las EPS, específicamente en la aplicación de recursos de una vigencia para cubrir gastos de años anteriores.
El informe señala que en 2020, algunas EPS utilizaron más de 5,5 billones de pesos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), recursos que tienen un propósito específico, para saldar deudas de periodos pasados, lo cual es contrario a lo estipulado por la ley. Este manejo inadecuado sugiere que las EPS no constituyeron las reservas técnicas necesarias, que son cruciales para asegurar la cobertura adecuada de los servicios de salud.
Además, la Superintendencia Nacional de Salud confirmó que, a marzo de 2024, solo ocho de las veinticuatro EPS evaluadas cumplían con las exigencias legales relacionadas con las reservas técnicas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud, bajo la dirección del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, presentó una acción popular contra las EPS implicadas, la cual fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
La acción legal está fundamentada en las normativas que rigen la UPC y las responsabilidades financieras de las EPS, que incluyen mantener un capital mínimo, un patrimonio adecuado, y las reservas técnicas necesarias para garantizar la prestación de servicios de salud.
El Ministerio reiteró su compromiso de supervisar el uso correcto de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, asegurando que se cumplan las normativas vigentes para proteger el derecho fundamental a la salud de los afiliados.