La Defensoría alerta por incumplimientos en programas de sustitución de cultivos ilícitos

Bogotá

Entre enero del 2022 y mayo del 2024, la Defensoría del Pueblo registró 38 eventos de conflictividad social relacionados con la presencia de cultivos de uso ilícito en el país. La cifra más alta fue identificada en el año 2022, con 28 casos. Los tres departamentos en los que ocurrieron más eventos fueron Nariño: 21% de los hechos; Córdoba: 18%; y Norte de Santander 16%.

Los conflictos sociales, a partir de lo evidenciado por la Defensoría del Pueblo se debe a incumplimientos de los programas de sustitución, partiendo de la base que el Acuerdo Final de Paz define al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, como uno de los pilares de solución a la problemática, como también lo es la Reforma Rural Integral, que busca brindarle al campesinado una solución sostenible y definitiva. A la fecha, 99.097 familias han firmado acuerdos de sustitución en el país. Así lo explica el Defensor del Pueblo Julio Balanta.

“Entre las falencias evidenciadas está la aplicación de la política rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual se manifiesta a través de ineficacia de las instituciones responsables del desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de estructuras armadas ilegales”.

La Defensoría del Pueblo llama al Gobierno a aumentar esfuerzos en el desarrollo de acciones orientadas a la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito, como la asistencia técnica integral, apoyo en la implementación de proyectos productivos de ciclo corto e implementación de alternativas de desarrollo agrícola.