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Harman y Ministra de Agricultura defienden ley agraria ante críticas de expropiación

El director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, y la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, desmintieron las acusaciones sobre una presunta expropiación dentro del Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria

Felipe Harman, alcalde de Villavicencio

Colombia

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se pronunció sobre las acusaciones de “expropiación” que han surgido en relación con el Proyecto de Ley Ordinaria de la Jurisdicción Agraria. Harman afirmó que se están buscando “fantasmas asociados a la expropiación que no existen”. Según el director, la Jurisdicción Agraria propuesta no difiere de lo aprobado previamente en el Plan Nacional de Desarrollo y se enmarca dentro de las condiciones establecidas por la Corte Constitucional.

En sus declaraciones, Harman resaltó que “en las competencias para que nosotros podamos tomar decisiones de segunda instancia”, en referencia a las capacidades adjudicativas de la ANT. También recordó que los conceptos de utilidad pública y función social de la propiedad agraria han sido parte de la legislación desde la Ley 200, y que la Constitución Nacional protege la producción de alimentos como un amparo constitucional.

Por su parte, la Ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, también salió en defensa del proyecto, radicado este martes 27 de agosto en el Congreso de la República. Carvajalino enfatizó que algunas personas buscan generar confusión en torno a la ley, aclarando que “en ninguna parte del articulado se dice que habrá expropiación por vía administrativa”.

Uno de los puntos más controvertidos es el artículo 5º, numeral 4º, que menciona la posibilidad de expropiación para actividades alineadas con la reforma agraria y rural. Ante esto, Carvajalino subrayó que la propiedad agraria en Colombia tiene una función social que obliga a los propietarios a poner sus tierras a producir, conforme a los reglamentos de uso del suelo. “La propiedad agraria tiene una función social desde 1936... para que nuestro suelo, la garantía de la producción alimentaria del país, se mantenga, se sostenga y que las tierras que no están produciendo obliguen a sus propietarios a ponerlas a producir”, concluyó la Ministra.