Nación se salvó de pagar $97 billones por pleito jurídico contra sindicato minero
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Sociedades ganaron el pleito jurídico contra la compañía Frontino Gold Mines Limited.
Judicial
La Sección Tercera del Consejo de Estado confirmó, en segunda instancia, la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que rechazó las pretensiones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Petroquímica Agrocombustible y Energética (SINTRAMINERGETICA), que demandó a la Superintendencia de Sociedades por presuntas irregularidades en el proceso de liquidación forzosa de la compañía Frontino Gold Mines Limited.
La mencionada compañía minera reclamaba una billonaria reparación económica por $97 billones, por presuntos daños a trabajadores y pensionados de la compañía.
Sobre este caso, Frank Olivares, Líder del Área de Responsabilidad Extracontractual de la ANDJE, explicó: “Este era un proceso de responsabilidad patrimonial del Estado promovido por un sindicato de trabajadores de la industria mineroenergética contra la Superintendencia de Sociedades, en el que se le reprochaba el no reconocimiento de derechos individuales a favor de los trabajadores y pensionados en el marco de un proceso de liquidación forzosa de una compañía minera. La sección tercera del Consejo de Estado negó las pretensiones al considerar que el sindicato demandante no tenía legitimación en la causa para demandar la reparación de los presuntos daños causados a dichos trabajadores, pues las pretensiones de la demanda no contenían un componente colectivo sindical, sino que entrañaban la reclamación de daños individuales”.
Por otro lado, el Consejo de Estado encontró que el referido sindicato no intervino en el proceso de liquidación forzosa que agotó la Superintendencia de Sociedades, por lo que no tenía asidero la reclamación patrimonial elevada sobre un proceso del que ni siquiera manifestó su interés en participar.
Y es así como la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Superintendencia de Sociedades impulsaron una defensa que logró un ahorro al Estado colombiano de más de 97 billones de pesos.