En firme sanciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos por voto popular
Por decisión de un magistrado se reactiva las sanciones disciplinarias y esto genera controversia
Procuraduría General de la Nación
Bogotá
El magistrado del Consejo de Estado, Martín Bermúdez Muñoz, ha decidido aceptar medidas cautelares que reactivan las sanciones impuestas por la Procuraduría General de la Nación contra 11 funcionarios elegidos por voto popular.
Esta decisión, que surgió tras una tutela presentada por la procuradora Margarita Cabello, suspende la nulidad previa que había dejado sin efecto las sanciones disciplinarias y las hace efectivas de inmediato.
La polémica alrededor de estas sanciones tiene un precedente en el caso del presidente Gustavo Petro, quien fue reintegrado en su cargo de alcalde de Bogotá tras un fallo que cuestionó la autoridad de la Procuraduría para suspender a funcionarios electos.
La reciente decisión de Bermúdez marca nuevamente tensiones entre las competencias de la Procuraduría y las garantías constitucionales para los funcionarios elegidos.
El magistrado argumentó que, en el momento en que se emitieron los fallos disciplinarios en cuestión, no existía duda sobre la competencia de la Procuraduría para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a estos servidores públicos.
El magistrado criticó las nulidades previas por no alinearse con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que respaldaba el poder de la Procuraduría en estos casos.
Además, el magistrado aclaró que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Petro vs. Colombia no debe ser considerada un precedente obligatorio para los jueces colombianos, ya que la Corte Constitucional ha señalado que las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no forman parte del bloque de constitucionalidad del país.
