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Caso UNGRD: Tribunal avaló solicitud de la defensa de Minhacienda para realizar pruebas

El apoderado del ministro Ricardo Bonilla, pidió que se realicen varias pruebas que demostrarían, según él, la inocencia de Bonilla, y que no hubo un cónclave de corrupción.

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El abogado, Javier Torres, defensor del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, solicitó, en una audiencia el pasado viernes 2 de agosto, a un magistrado del Tribual Superior de Bogotá, que se realicen varias pruebas, para según él, demostrar la inocencia de Bonilla, tras las acusaciones que lo señalan de haber participado en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Entre las pruebas que ya fueron avaladas dentro del proceso, están:

  • Acceder a la base de datos del Ministerio de Hacienda y del Departamento Administrativo de la presidencia, para obtener el registro de ingresos y salidas tanto de Olmedo López como de Sneyder Pinilla, desde julio a diciembre de 2023.
  • También, verificar la copia de las actas de las reuniones de la comisión interparlamentaria de crédito público, en donde se acuerdan las adiciones presupuestales que dependen del Ministerio de Hacienda.

Según el apoderado del ministro Bonilla, estas prueba demostrarían que no es cierto el llamado “cónclave”, en el que según, los exdirectivos de la UNGRD, altos funcionarios del gobierno coordinaban, irregularmente, el direccionamiento de contratos y dineros de la entidad.

Cabe resaltar que, en varias oportunidades el abogado Torres, ha negado que se hayan presentando irregularidad en la gestión de los tres proyectos para Cotorra, Córdoba; El Salado, Bolívar y Saravena, Arauca, como lo dio a entender Olmedo López en declaración ante la Corte Suprema de Justicia; argumentando que los recursos públicos de los tres proyectos estaban aprobados y en trámite desde el año 2021 para hacer frente al fenómeno de la niña y evitar inundaciones en esas regiones del país, y “el ministro y su despacho se limitaron a verificar que se cumpliera el proceso legal vigente en beneficio de las comunidades y no en beneficio propio”.