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Tribunal emitirá sentencia anticipada en millonaria demanda de Thomas Greg a Cancillería

Parece ser que, antes de lo que se pensaba, habrá decisión en primera instancia dentro de la batalla jurídica de la firma Thomas Greg contra la Cancillería, por el caso de la licitación de pasaportes.

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El Tribunal Administrativo de Cundinamarca anunció que “proferirá una sentencia anticipada” dentro del pleito jurídico que enfrentan desde hace varios meses la firma Thomas Greg & Sons y el Ministerio de Relaciones Exteriores, por el polémico caso de la fallida licitación de pasaportes.

En este caso, es importante recordar que, Thomas Greg & Sons interpuso el pasado 19 de diciembre una demanda, reclamando 117 mil millones de pesos al fondo del Ministerio de Relaciones Exteriores, al mando, para ese entonces, del canciller Álvaro Leyva, por haber declarado desierta la licitación de Pasaportes, negando la posibilidad de entregar el millonario contrato para la expedición de las libretas, a la firma demandante, pese a que habían quedado como el único proponente habilitado.

Para precisar, los demandantes buscan que se revoque la resolución 7485 del 13 de septiembre de 2023, (que firmó el excanciller Leyva) con la que declaró desierta la licitación (valorada en $599.651 millones), y se aprueba el pago de una indemnización de 117.000 millones de pesos.

Así las cosas, con sentencia anticipada, la magistrada Bertha Lucy Ceballos, ponente en este caso, no solo resolverá si declara o no la nulidad de la resolución que declaró desierto el proceso licitatorio, sino que también resolverá si procede la millonaria pretensión económica de los demandantes.

En tal sentido, el fallo definirá “los perjuicios económicos reclamados por la parte demandante (...) La parte demandada sostiene que la adjudicación de la licitación al oferente único habilitado habría vulnerado el principio de selección objetiva porque la licitación se estructuró sobre reglas restrictivas que impidieron la participación de pluralidad de oferentes”, dice el auto.

Tribunal negó la practica de pruebas que solicitó la Cancillería dentro del caso:

En este auto del 26 de julio, la magistrada Ceballos también rechazó la práctica de unas pruebas que solicitó la Cancillería, pidiendo la intervención de la Fiscalía y de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en cuenta que esta última entidad realizó inspecciones a la empresa Thomas Greg.

“La materia de este proceso no es subjetiva sino que consiste en el control objetivo de legalidad de los actos administrativos controvertidos, y no a la conducta de los funcionarios o ex funcionarios de la entidad”, determinó.