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Justicia

“Deshacinar no es crear mas cárceles”: Minjusticia evalúa salidas de la crisis carcelaria

La Corte Constitucional dio un ‘ultimátum’ de 6 meses para resolver los problemas de hacinamiento en URI.

Judicial

La ministra de Justicia, Angela María Buitrago, aseguró que no han sido informados formalmente del ‘ultimátum’ de 6 meses que dio la Corte Constitucional al Gobierno, para resolver los problemas de hacinamiento en Unidades de Reacción Inmediata y Estaciones de Policía.

Al respecto, la funcionaria dice, tener claro, que “deshacinar no solo es crear más cárceles, es pensar en las necesidades y derechos humanos de la población y trabajar con el impacto fiscal, el sistema carcelario requiere mucho dinero”.

Y, aunque precisó que espera conocer la sentencia del alto Tribunal completa, sostuvo: “La orden que impartió la Corte, dice que hay que trasladar a los condenados, pero realmente no hay espacio, tenemos un hacinamiento real de más del 31 en los sistemas carcelarios formales, si bien es cierto, el transitorio es el mas grave, tenemos un 525% de hacinamiento, y no podemos desconocer, así se nos de la orden, hay que hacerlo (...) lograr trasladar adecuadamente a los condenados, para eso ya se está en implementación una política criminal a largo plazo”, dijo.

Buitrago, puso sobre la mesa, otra preocupación: “El sistema penal colombiano es punitivista, eso lleva a que cada vez haya más leyes que llevan a la cárcel y es un barril sin fondo porque si todo lo que se pide es cárcel, el sistema va a llegar a un momento, como ahora, en el que no va a dar abasto. Desde ese punto de vista, hay que replantear la política pública y penal, no todo debe tener cárcel pero tampoco todo debe estar en la calle”, señaló Buitrago.

Ultimátum de la Corte Constitucional

Para el alto Tribunal los Centros de Detención Transitoriason una tragedia humanitaria, que avergüenzan al país y no pueden permanecer huérfanos de esta atención”.

Así las cosas, la Corte ordenó el traslado inmediato de personas que permanecen en Centros de Detención Transitoria y que ya hayan sido condenadas; priorizando mujeres embarazadas y personas mayores, además de crear en seis meses un plan para el deshacinamiento, garantizando acceso adecuado a la salud, alimentación y el higiene.