Expertos advierten sobre borradores de decretos que pondrían en riesgo a las MiPymes

En la última legislatura, se aprobó la primera ponencia de la reforma laboral. De los artículos propuestos por el Ministerio del Trabajo y respaldados por el gobierno, 48 fueron aprobados con proposiciones, eliminando así algunos puntos que generaban inquietudes para los empresarios. Además, 33 artículos fueron aprobados sin modificaciones y se eliminaron 23 artículos que preocupaban al sector empresarial y a las MiPymes. Además, se incluyeron 6 nuevos artículos.

En su momento, Caracol Radio dio a conocer seis borradores de decretos propuestos por el Ministerio de Trabajo, los cuales buscan reintroducir seis puntos que podrían afectar a las MiPymes que fueron eliminados en el primer debate legislativo. Entre los aspectos que se buscan regular están la negociación por niveles, la intermediación laboral ilegal, la votación de la huelga, los tribunales de arbitramento, los comités de convivencia laboral y la huelga en servicios públicos esenciales.

Según expertos, el decreto que representa el mayor riesgo para las pequeñas y medianas empresas es el relacionado con la tercerización laboral. En un intento por solucionar las malas prácticas en este tipo de contratación, el Ministerio de Trabajo busca imponer una serie de restricciones como medida para luchar contra la intermediación laboral ilegal, en vez de reforzar sus facultades de inspección y vigilancia. En Colombia, el 98% de las MiPymes se dedican a ser contratistas de servicios para las grandes compañías.

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De acuerdo con Juan Miguel Cortés Quintero, abogado laboralista y asociado senior en Chapman Wilches: “La aprobación de estos decretos añade un costo adicional a las empresas, que ya están enfrentando desafíos significativos debido a la reciente reducción de la jornada laboral. Con la implementación de los nuevos decretos, que introducen requisitos adicionales y restricciones más estrictas, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, podrían afectar su capacidad para mantenerse competitivas y rentables en el mercado”.

El primer aspecto que contempla el borrador de decreto referente a la tercerización laboral es que limita que las empresas contratantes establezcan condiciones para la prestación de los servicios, como los horarios y lugares de trabajo del contratista, lo que afectará la prestación de servicios de vigilancia, mantenimiento, aseo, entre otros, a través de outsourcing.

Este documento también establece que las MiPymes deben demostrar capacidad financiera, administrativa y un alto nivel de provisión contable, lo cual limita su acceso a nuevas contrataciones. Este requisito es especialmente restrictivo para estas empresas, que a menudo operan con recursos financieros limitados y podrían quedar sin margen de maniobra.

El texto establece que las MiPymes no pueden depender únicamente de un cliente o ejecutar sus servicios exclusivamente para un contratante. Esto va en contra de las políticas de apoyo a nuevos emprendimientos, ya que al empezar es común que tengan pocos clientes y vayan aumentando con el tiempo. Sin embargo, el Ministerio del Trabajo considera esto como intermediación laboral ilegal, lo cual podría limitar el nacimiento de nuevos emprendimientos.

“Si bien estos documentos aún no entran en vigencia, la anticipación es la alternativa de solución más plausible. Esto no requiere tomar medidas inmediatas, pero sí tener mapeados los riesgos y considerar los costos asociados con estos cambios. Al anticipar y planificar estos costos, las empresas pueden ajustar sus presupuestos, ajustar sus procesos para dar cumplimiento con la normativa laboral actual y buscar formas de financiar estas transiciones sin ver afectada su supervivencia en el mercado”, añadió Cortés.