Amenazas contra excombatientes en Miravalle son “contrarias a voluntad de paz”: Gobierno
El Gobierno nacional se reunió con la comunidad del ETCR Miravalle y las autoridades locales para atender las amenazas del Estado Mayor Central.
El Gobierno rechazó las amenazas del EMC contra excombatientes del ETCR Miravalle. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda / Mauricio Duenas Castaneda (EFE)
Colombia
Luego de que la comunidad de excombatientes del ETCR Miravalle, en el Caquetá, denunciara que se están desmovilizando por amenazas del grupo armado Estado Mayor Central, lo cual llevó a críticas del expresidente Juan Manuel Santos y del director del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, funcionarios del Ministerio del Interior acudieron al territorio.
“El Gobierno Nacional rechaza las amenazas y en general, cualquier agresión que grupos armados realicen contra la población civil y en particular, contra la población firmante del Acuerdo Final de Paz. En días pasados hemos conocido de la amenaza proferida por el EMC a los habitantes del ETCR de Miravalle, en el marco de la disputa militar que sostiene con la Segunda Marquetalia. Acciones que consideramos contrarias a cualquier manifestación de voluntad de paz”, indicaron en un comunicado.
El Ministerio convocó y adelantó un Puesto de Mando Unificado, con participación del Ministerio de Defensa, el Ministerio de Ambiente, la Oficina del Comisionado de paz, la Unidad para la Implementación del Acuerdo Final de Paz, la Agencia de Reincorporación y Normalización, la Unidad Nacional de Protección, la Agencia Nacional de Tierras, la Policía y el Comando conjunto Estratégico para la Transición de las Fuerzas militares; la Gobernación del Caquetá y el municipio de San Vicente del Caguán; los delegados de la población firmante del ETCR de Miravalle, el componente comunes en la CSIVI y el Consejo Nacional de Reincorporación.
En este PMU se acordaron una serie de medidas para garantizar la vida de los excombatientes. En primer lugar se reiteró que la Fuerza Pública se va a mantener en el territorio, preservando las condiciones de seguridad; ante la insistencia de la comunidad por desplazarse, se acelerará este proceso para que primero vayan a otro ETCR, mientras se consigue un nuevo terreno para reinstalar el espacio que tienen actualmente.
El director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda, aseguró que “el Gobierno nacional ha venido rechazando de manera contundente este tipo de hechos y ha exigido por los canales adecuados, en la mesa de negociación, que el Estado Mayor Central retire esta amenaza. La Fuerza Pública y la institucionalidad seguiremos acompañando el territorio”.
Otro de los puntos acordados fue convocar dentro de 15 días el PMU, de nuevo, para hacer seguimiento a los avances en esta ruta acordada para proteger a los firmantes del acuerdo.
