El Estado se quedó sin acceso a más de 600.000 expedientes del archivo judicial de Bogotá

Hace aproximadamente un año, se reveló una situación alarmante respecto a la administración de los archivos de la rama judicial en Bogotá. Se detectaron sobrecostos en bodegas que ascendían a más de 30.000 millones de pesos, además de una preocupante desorganización de los documentos judiciales. Esta situación ha afectado gravemente el acceso a la información y a los expedientes necesarios para diversos procesos judiciales.

La suspensión del contrato

El problema se agravó la semana pasada cuando el Tribunal administrativo de Cundinamarca, a petición de la empresa Innpacific, ordenó la suspensión del contrato de una nueva bodega en Fontibón. Este contrato había sido establecido por la Dirección Seccional de la Administración Judicial de Bogotá con el fin de centralizar y organizar los archivos dispersos. La decisión judicial dejó en un limbo a aproximadamente 650.000 cajas que contienen alrededor de 8 millones de expedientes judiciales.

Ante esta situación, José Camilo Guzmán, director seccional de la Administración Judicial de Bogotá, explicó la gravedad de la situación: “La suspensión del contrato tiene varios efectos en materia de la prestación del servicio de la Dirección Seccional respecto del archivo de procesos. La finalidad de contar con un solo inmueble en Bogotá, con la capacidad de tener todo el archivo de la ciudad, era precisamente ser mucho más eficiente con la búsqueda, el orden, la administración y el manejo de los archivos”, comentó.

Impacto en la ciudadanía

Asimismo, Guzmán indicó que la suspensión del contrato implica que los ciudadanos no pueden acceder a documentos esenciales para resolver sus asuntos legales. Si alguien necesita un expediente para levantar un embargo, por ejemplo, no puede encontrarlo debido al desorden y la falta de un sistema centralizado y deficiente de almacenamiento y de búsqueda.

“Hoy lo que le ocurre a un ciudadano es que si pide un expediente para levantar unas medidas cautelares, no puede hacer nada porque no tenemos el expediente. El archivo está desordenado y no sabemos dónde ubicarlo. Además, la suspensión del contrato nos impide usar la bodega de Fontibón, lo que agrava aún más el problema”, añadió.

De esta manera, la unidad de auditoría del Consejo Superior de la Judicatura realizó una investigación sobre los contratos de arrendamiento y transporte firmados con Innpacific en 2022. La auditoría identificó múltiples irregularidades con implicaciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales en la planificación y ejecución de estos contratos.

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