Por órdenes de desalojo, más de 600 familias en Urabá piden apoyo del Estado

Urabá, Antioquia

Desde 2015, 633 familias campesinas asentadas en el Urabá antioqueño recibieron la noticia de que el lugar que les había brindado trabajo, vivienda y familia por años, ya no era suyo y que tan pronto como fuera, se tenían que ir.

11 veredas ubicadas en los límites de Turbo, San Pedro de Urabá y Arboletes, ocupadas por cerca de 5.000 personas, por más de 30 años, recibieron en mayo de 2015 la notificación de Restitución de Tierras que ordenó el desalojo de los predios, pues, 68 reclamantes exigen la potestad de las tierras que la violencia los obligó a abandonar tiempo atrás.

Desde entonces empezó el dilema legal y social entre los habitantes, reclamantes y Estado como intermediario, en el proceso en el que familias campesinas, de bajos recursos y en su mayoría víctimas de desplazamiento forzado, denunciaron sentirse vulnerados por las exigencias y órdenes de desalojo de sus viviendas sin tener las consideraciones adecuadas.

De acuerdo a la versión otorgada por la comunidad, el proceso que lleva 8 años ha tenido intervención de Personería, Defensoría del Pueblo y alcaldías y, en medio de este, se llegaron a unos acuerdos temporales, mientras un juez da el fallo definitivo en el que se decide el futuro del territorio y sus habitantes.

Entre los acuerdos está que se debe reubicar a la familia a la que se le notifique el desalojo de su vivienda y darle un subsidio de arriendo y alimentación temporal, sin embargo, la comunidad ha reclamado que esto no se ha cumplido a cabalidad, lo que ha generado inconformidad en los habitantes.

Jaime José Suárez, líder social de la región manifestó: “Restitución de Tierras no quiere cumplir con las normas que se fijaron en las caracterizaciones que nos hicieron. Entonces nosotros somos 633 familias, casi 5.000 personas, y nosotros estamos opuestos porque no vamos a permitir que el Estado nos vulnere nuestros derechos”.

¿Cómo llegaron 600 familias a ocupar los predios?

Aunque el extenso terreno ha sido reconocido durante los últimos años como veredas habitadas por miles de personas, anteriormente los predios tenían otros dueños, quienes son los que ahora, reclaman de vuelta la potestad de sus parcelas que fueron ocupadas ilegalmente.

Según lo que expresan los habitantes, reconocen el motivo de conflicto, pero alegan que ellos también son víctimas del caso, pues cuando llegaron en los 90s al territorio, nunca pensaron que los terrenos que ocuparían serían ilegales. De hecho, recuerdan que el grupo paramilitar que controlaba la región, les confirmó que los predios serían comunitarios y que el Gobierno se los legalizaría posteriormente en diálogos de paz.

“Los dueños decían, no, yo vendí las tierras, me voy a ir, porque este problema está serio, porque están matando a la gente, que tal, que no sé qué. Y se fueron, vendieron sus tierras a la organización Castaño. Luego la organización Castaño dijo que iba a repartir tierras a los campesinos que no tenían donde trabajar, que fue ahí donde entramos nosotros”, señaló el líder.

Bolsillos vacíos y desalojos forzados

Por esto, en la actualidad, cientos de familias expresan sentirse agobiadas por las visitas de jueces y personal del Gobierno constantes en donde emiten ordenes de desalojo, solo dando unos cuantos días para buscar otra vivienda, obligándolos a trasladarse al casco urbano, donde ellos consideran sentirse perdidos y sin sustento alguno pues son familias dedicadas 100% a sus cultivos campesinos.

Hasta la fecha, según el reporte de los líderes de la zona, van 3 familias notificadas legalmente con orden de desalojo, todas se han opuesto y resistido a irse por lo que en las intervenciones han tenido presencia de la Policía e incluso del ESMAD.

Esto porque en aquellos momentos, reciben apoyo de toda la comunidad que se une a los alegatos en contra de los funcionarios, reclamando procedimientos injustos y que irrespetan los acuerdos pactados entre las partes.

De acuerdo a las denuncias, los $800.000 que les ofrecen como subsidio de arriendo por 3 meses, no es suficiente para darle sustento a las familias que en su mayoría están conformadas por más de 4 hijos y que su actividad económica depende de trabajar el campo que habitan.

Así lo expresó Jaime José Suárez: “Nos dijeron a nosotros en la caracterización, todo el mundo sabe que, si había una orden de desalojo, había que reubicar a la persona en otra parte, porque nosotros somos víctimas. Y entonces a decirle le vamos a dar 800 mil pesos para que pague tres o cuatro meses de arriendo es violarle los derechos”.

El año pasado se llevó a cabo el primer desalojo en el territorio donde la familia Calderín recibió la sentencia que dio la orden para desocupar el predio. El proceso que empezó desde 2018, se hizo realidad en mayo de 2023, en el que con la resistencia de la familia y el apoyo de la comunidad, se logró llegar al acuerdo de que la familia pudiera quedarse en la vivienda en calidad de arrendamiento y hasta el momento, siguen en la misma situación.

Sin embargo, la familia sigue sintiéndose vulnerada pues señalan que todo el proceso ha sido demasiado fuerte y doloroso, a lo que incluso acusan de ser el motivo detonante para la muerte de un integrante de la familia porque las circunstancias provocaron que le diera una depresión muy fuerte.

Cristin Calderín, integrante de la familia desalojada, expresó: “Las vidas que se fueron, ya no se van a recuperar, mi papá ya no va a volver, pero realmente queremos que la verdad salga a la luz y que se haga justicia. Por la memoria de mi padre, por todas las familias que aún están, no queremos que les pase lo mismo”.

Las veredas La Florida, San Pablo, El Caimán, El Porvenir, Corregimiento El Tomate, El Pichón, Nueva Ilusión, Puya Medio, El Tambo, Puya Arriba y Punto Rojo, son entonces las que se habían conformado durante las últimas 3 décadas y que ahora el Estado considera como invasiones, por lo que están en la incertidumbre de cuál de las 633, será la próxima familia que reciba la notificación que los obligue a abandonar sus hogares; lo que provocaría un desplazamiento masivo.

¿Qué dicen las autoridades?

Caracol Radio mantuvo comunicación con Restitución de Tierras, y desde el 12 de junio, estamos esperando la respuesta a la que se comprometió dar la entidad para tener la claridad en el caso. Sin embargo, hasta la fecha no hemos obtenido contestación oficial a los requerimientos.

Lo cierto es que los líderes sociales de estas parcelas se han unido en representación de las casi 5.000 personas que las habitan, para hacer un llamado a las autoridades departamentales y nacionales de que visiten el territorio, escuchen su historia, su versión y los apoyen para encontrar una alternativa a la problemática que desde hace 8 años los afecta.