Academia envió carta al Ministerio de Educación por nuevas proposiciones a la Reforma

Antioquia

Doscientas personas y entidades del sector educación se unieron para firmar una carta dirigida al Congreso de la República y a la ministra de Educación Nacional, expresando sus reparos y preocupaciones por las proposiciones que se realizaron durante los últimos días a la reforma a la educación.

“Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por la situación actual de la educación superior en nuestro país. El 5 de junio, la Comisión Primera del Senado alcanzó un acuerdo de fondo sobre el Proyecto de Ley Estatutaria de Educación (PLEE), con la participación de diferentes bancadas y el Ministerio de Educación Nacional, consenso que actualmente está siendo desconocido. Con motivado interés ratificamos nuestra invitación al Congreso de la República y al Ministerio de Educación a respetar la esencia del acuerdo logrado, para que se consolide un adecuado proyecto de ley que integre las necesidades sociales en materia de educación, siendo incluyente y pertinente para atender la realidad educativa colombiana”, se lee en la carta.

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Dicen que lo acordado, incluía garantías como: el respeto absoluto a la autonomía universitaria, el reconocimiento de la coexistencia de instituciones oficiales y no oficiales en un sistema mixto como pilar determinante para la ampliación de cobertura, el fortalecimiento permanente de la calidad y pertinencia de la educación, el reconocimiento de la educación terciaria, entre otros.

“Advertimos que el rompimiento del acuerdo, que se refleja en la nueva ponencia del gobierno, presenta varios riesgos significativos como el desconocimiento de la autonomía universitaria, mediante la exigencia de modelos de gobernanza que favorecen intromisiones políticas y de gobiernos particulares, y la imposición de la elección directa de directivos como único modelo aceptable. La falta de reconocimiento al sistema mixto, conformado por instituciones de educación oficiales y no oficiales, reconocido por la Corte Constitucional y que ha sido determinante en la estructura, funcionamiento y cobertura de la educación superior”.

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Finalizan exponiendo que la aprobación de una nueva ponencia del gobierno, en su forma actual, generará frustración en miles de ciudadanos que ven en la educación superior un vehículo de movilidad social y laboral, además de lastimar los acuerdos y consensos co-construidos previamente con los actores involucrados en este proceso.