Defensoría del Pueblo advierte aumento de casos de desnutrición a pesar de acciones
La Defensoría del Pueblo se manifestó en la audiencia de cumplimiento en la Corte Constitucional que ve insuficientes las acciones gubernamentales para tratar este asunto.
Foto: oficial Defensoría del Pueblo.
El defensor delegado, Leonardo Huerta Gutiérrez, mostró preocupación sobre vulneración de derechos en comunidades wayuú en materia de salud, educación y agua potable. Manifestó que el último registro de menores con desnutrición aguda, severa y modera es de 74, cuando la media era de un poco más de 50.
Agregó que, “no existe infraestructura suficiente para garantizar el acceso a agua potable las 24 horas del día” y que hay poco mantenimiento de las desalinizadoras que se instalaron en esta región, pues no funcionan ciertas partes de las máquinas.
Los principales municipios afectados en la región son Manaure, Maicao y Uribia, en los que la Defensoría afirma que los niños deben movilizarse más de dos horas para llegar a los centros urbanos y acceder a derechos de educación y salud.
“Necesitamos seguimiento de esta sala y de Instituto de Bienestar familiar y Prosperidad Social”, fueron las palabras de defensor delegado.
¿Qué responde el Gobierno ante esto?
El Ministerio de Vivienda, en cabeza de la jefe de cartera, Catalina Velasco, aseguró que ya se ha cumplido en un 97% una caracterización de la población wayuú frente a su posibilidad de acceso al agua y que se han invertido 21.051 millones para resolver la falta de líquido en la región.
Agregó que más de 91.530 familias se han visto beneficiadas y que, dentro de los desafíos que enfrenta el Ministerio se encuentra la falta de información y el mal manejo del agua disponible.
También, a corte del 11 de junio, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, presentó cifras en las que mostró que 10.168 raciones de alimentos han sido entregadas a menores en las zonas de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia. Según el instituto, esto representa un incremento de 105% en este índice.
¿Por qué la Corte Constitucional convocó esta audiencia?
La Corte Constitucional requirió de esta sesión para realizar un seguimiento a Mecanismo Especial de Seguimiento y Evaluación de las Políticas Públicas (MESEPP). Ahí esta parte de la rama judicial verificó las soluciones frente a la vulneración a los derechos fundamentales de educación, salud y alimentación de menores de La Guajira.
Esto está previsto teniendo en cuenta que la Corte Constitucional declaró Estado de las Cosas Inconstitucional, es decir, se halló que había una vulneración de derechos generalizada, en el 2017. Por este motivo, se ordenó a diferentes partes del Gobierno una política pública en este sentido.
