Las condenas por aborto disminuyeron 91% desde la sentencia del 2022

Las condenas por interrupción voluntaria del embarazo en Colombia se redujeron 91% en promedio, luego del dictamen de la Corte Constitucional que despenaliza el aborto hasta la semana 24. Desde el 2022, se han cerrado más de 600 procesos de investigación por estos casos.

Según datos de la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura respondidos en un derecho de petición a Caracol Radio, se encontró que existe una disminución del 44% en denuncias interpuestas por aborto. Entre el 2019 y 2021 se notificaban en promedio 144 noticias judiciales y actualmente esta cifra bajo a 80.

A partir de un análisis hecho por este medio, se halló que las instancias judiciales no generaban un gran volumen de condenas o sentencias por aborto incluso antes de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizarlo hasta la semana 24, pues en catorce años solo se encontraron culpables a 151 mujeres en más de 2.500 investigaciones abiertas.

De acuerdo con el penalista Francisco Bernate, al año se realizan 350 mil abortos de los cuales pocos se notifican a entes judiciales. Según el jurista, la diferencia entre números de condenas y denuncias, “demuestra que hay un discurso muy fuerte en torno a que está mal” y agrega que esto podría generar que las personas acudan a procedimientos clandestinos.

Le puede interesar: El 90 % de los abortos se están dando antes de la semana 12: Catalina Martínez

¿Qué protección jurídica tienen las mujeres a raíz de la despenalización del aborto hasta la semana 24?

Según Nicolás Alviar, abogado especialista de la Universidad de los Andes, “hay un cumulo mayor de pronunciamientos que eximen de responsabilidad penal a las mujeres que se enmarcan en estas circunstancias de interrupción del embarazo”.

La Corte Constitucional se ha pronunciado protegiendo el derecho a abortar y hay lineamientos dispuestos por el Ministerio de Salud que ordenan al personal médico no exponer judicialmente estos casos de estar dentro de las condiciones permitidas.

También la Fiscalía General de la Nación ha emitido lineamientos desde el 2016 para dar directrices sobre cómo investigar estas denuncias y no caer en violaciones a los derechos reproductivos y de intimidad de quienes deciden abortar.

Por ejemplo, las indicaciones más recientes piden que se busque encausar estos casos dentro de las tres causales y evitar involucrar juicios morales propios; por eso, se ve una disminución en denuncias e investigaciones en años anteriores a la sentencia.

Actualmente las mujeres pueden apelar a una investigación judicial con el argumento de que el aborto fue despenalizado durante las primeras 24 semanas de embarazo, y que esta conducta ya no se configura como delito.

En el caso de quienes ya recibieron una condena, el abogado penalista y exasesor de la Fiscalía General de la Nación, Juan David Bazzani, afirma que “se aplica un fenómeno que se denomina la favorabilidad penal”, que es cuando la decisión se tomó bajo conceptos legales diferentes a los actuales y hay rectificación en favor de la persona encontrada culpable.

Sin embargo, un aspecto para mejorar, según el jurista Francisco Bernate, es tratar estos casos con enfoque de género, “tener el conocimiento de las sentencias y (...) evitar espacios de revictimización, de cuestionamientos a la mujer”.

Le puede interesar: Francia se convierte en el primer país en incluir el derecho al aborto en su Constitución

¿Qué opinan los movimientos feministas sobre la despenalización en la práctica?

Sin embargo, las investigaciones judiciales no dejan de ser revictimizantes, pues, de acuerdo con Lina Morelos, integrante de la Red Jurídica Feminista, “es un proceso muy desgarrador, porque toca buscar quién la va a defender, quién va a pedir que se archive y toca estar en espacio público diciendo que se tomó una decisión que sigue teniendo unas implicaciones sociales muy complicadas”.

Movimientos feministas como Causa Justa y la ONG Libres apuntan a que la despenalización del aborto debe ser mejor implementada en el acceso y la calidad del servicio, pues los trámites son extensos para las mujeres, no hay información clara y de acceso fácil sobre cómo empezar el proceso y dónde realizárselo o maltrato obstétrico.

La Corte Constitucional ha estado de acuerdo con estas posiciones, pues su último pronunciamiento indicó que se les debe dar a las mujeres garantías de salud para acceder a un servicio de seguro y teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud.