Vándalos podrían salir de las universidades y perderían beneficios del distrito

Bogotá

El Proyecto de Acuerdo radicado en el Concejo de Bogotá busca que quienes sean investigados por actos de vandalismo, es decir aquellos que, en el marco de la protesta social, realicen conductas violentas contra el patrimonio público o privado, o que atenten contra la vida e integridad de los uniformados de la fuerza pública o la población civil, les sean suspendidos los beneficios educativos y demás subsidios que ofrece el Distrito Capital.

“Es inconcebible que la Alcaldía Mayor de Bogotá siga otorgando beneficios a terroristas urbanos. Aquellos que se expresan con violencia deben responder ante la justicia y perder todo subsidio. Los bogotanos no pagan impuestos para financiar criminales” aseguró el concejal Julián Uscátegui.

Si se aprueba este proyecto, las entidades distritales, encargadas de la gestión de programas de formación educativos y sociales, para declarar la suspensión provisional de los beneficios a aquellos que estén siendo investigados en un proceso penal o policivo, como resultado de su presunta participación en delitos o contravenciones cometidos durante una manifestación pública.

“El acceso a programas de educación superior no es un derecho absoluto. Los beneficiarios deben cumplir con los deberes y responsabilidades que exigen la constitución y la ley. Este proyecto busca proteger la protesta social, desincentivando las expresiones violentas en las manifestaciones públicas”, enfatizó el concejal Uscátegui

Indica el concejal que el tiempo de la suspensión de los beneficios estará directamente vinculado a la duración del proceso penal o policivo que involucre al beneficiario. Una vez esclarecida la situación jurídica culminado el proceso respectivo, se revisará la suspensión permitiendo retomar los beneficios en caso de resultar absuelto o exonerado de las acusaciones formuladas. En caso contrario, si el beneficiario es hallado responsable podrán ser retirados definitivamente.