“Implementación de la paz y los nuevos diálogos no pueden ser ajenos al territorio”: CIDH

Bogotá

Del 15 al 19 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estuvo en Bogotá y en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, La Guajira, Magdalena, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Mantuvo más de 50 reuniones con distintas autoridades de los poderes públicos y organismos de control y más de 45 espacios de escucha a representantes de la sociedad civil, activistas, líderes sociales y comunitarias, academia, sindicatos, gremios empresariales, y dirigentes de diversos partidos políticos.

Escucharon a las víctimas de las diferentes formas de violencia que prevalecen en Colombia, quienes compartieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su dolor, anhelo de justicia y de reparación, así como los impactos de la inseguridad en su cotidianeidad.

Este organismo asegura que la reconfiguración del conflicto hace prioritario que el Estado colombiano conecte la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 y los diálogos actuales con los grupos armados con la situación de violencia en los territorios. Así lo explica el Comisionado José Luis Caballero, Relator para Colombia.

“El Estado colombiano tiene que partir del territorio y es finalmente que el Estado se deje empapar por la realidad y traer la realidad al centro, esa es una de las cosas muy potentes en temas de derechos y entender y desde esa realidad construir y eso es lo que está pidiendo la sociedad colombiana en sus departamentos ante tanto dolor que estamos viendo”.

Para el Comisionado José Luis Caballero, Relator de la CIDH para Colombia, el largo conflicto armando normaliza la violencia y profundiza la crisis humanitaria en los diferentes territorios del país.

“El acuerdo de paz de hace 8 años ha ido moviéndose en relación con varios factores: grupos criminales que antes no estaban, están, mercados criminales trasnacionales que están impactando en el territorio, nuevos actos criminales el trafico de oro, la minería ilegal es una cosa muy compleja y que me parece que se debe abordar de esas mesas, porque esas mesas no pueden tener un vacío para defender a los territorios, a las poblaciones con todo y las negociaciones que se están haciendo”.

Las recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Concluida su visita le planteó cinco recomendaciones principales al Estado colombiano.

Primero: Llama al Estado a desarrollar políticas redistributivas que garanticen el acceso pleno a los derechos y disminuyan la desigualdad, así como a fortalecer su presencia integral en todo territorio.

Segundo: Insta al Ejecutivo a cumplir con su obligación internacional de proteger la vida e integridad de las personas en todo el territorio nacional; garantizar la seguridad de las comunidades, especialmente en aquellos territorios en los que se hayan decretado ceses al fuego bilaterales; y alinear las nuevas negociaciones con grupos armados a la ruta establecida en el Acuerdo de Paz de 2016.

Tercero: Llama al Congreso a priorizar el debate constructivo y los consensos que permitan la aprobación de leyes necesarias para la implementación del Acuerdo de Paz, en particular la reforma de la ley de víctimas.

Cuarto: Exhorta a la Fiscalía y al Poder Judicial a cumplir con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a los autores materiales e intelectuales responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Quinto: Recomienda fortalecer la coordinación entre autoridades nacionales, departamentales y municipales, garantizando la participación efectiva de las comunidades. En particular, asegurar la viabilidad de proyectos productivos, el desarrollo de infraestructura, el acceso al agua, la construcción de vías de comunicación, así como la oferta de alternativas reales para todas las personas, especialmente para la juventud.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos confía en que el Estado y la sociedad en su conjunto puedan lograr los acuerdos sociales y políticos que impulsen las transformaciones necesarias para alcanzar la paz y garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia.